Inversiones millonarias de dudosa utilidad real

El Centro Príncipe Felipe de Valencia se pensó para que fuese la joya de la corona de la investigación valenciana. El complejo, financiado en un 70% por fondos europeos, se diseñó sin complejos. Pensado para reunir hasta un total de 350 científicos de primera línea especializados en biomedicina, medicina regenerativa y el diseño de nuevos fármacos, fue inaugurado por los Príncipes de Asturias en marzo de 2005.

Eran años de bonanza, la economía iba como un tiro, nadie reparaba en gastos y la gestión era, cuanto menos, relajada. El mismo año de la visita del Papa a Valencia, 2006, el director general del centro, Rubén Moreno, adjudicó por importe de 1,6 millones de euros -casi el mismo importe de la subvención perdida del Ministerio con el que ahora se justifica la reconversión del centro- un contrato de material para ampliar el animalario a la empresa Biosis Biologic Systems. Los 1,6 millones de euros (266 millones de las antiguas pesetas) se destinaron, según el pliego, a comprar jaulas y mecanismos para ratas y ratones. Personal del centro, que quiere mantener el anonimato para evitar represalias, asegura que en los almacenes existen centenares de jaulas embaladas, buena parte de ellas de mayor tamaño, capaces de albergar perros. Lo que no deja de ser sorprendente, porque la mayoría de animales con los que se experimenta son ratas y ratones (hay más de 3.000). En todos los años de funcionamiento, apenas hay constancia de unos pocos experimentos con animales de gran tamaño, como simios y cerdos que no justificarían la existencia del citado material.

Otra de las inversiones cuestionadas por el personal investigador del Centro Príncipe Felipe es la construcción de cuatro salas blancas -unas instalaciones tecnológicamente avanzadas para lograr unas condiciones de experimentación muy precisas- que ocupan cerca de 300 metros cuadrados y cuya instalación costó cerca de 1,5 millones de euros. Las salas blancas fueron presentadas como las mayores de Europa por el Consell que presidía Francisco Camps. El gasto millonario no se ha rentabilizado nunca. La excoordinadora de Medicina Regenerativa, Deborah Burks, reconoció que las salas blancas no se han podido usar porque carecen de certificación y ningún proyecto científico ha solicitado las mismas. "No están homologadas", dijo Burks, que añadió: "una sola sala blanca hubiese sido más que suficiente para las necesidades del centro".

En una situación similar se hallan los dos quirófanos inteligentes, activados por voz, ubicados en los sótanos del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Tan bajo es el nivel de uso de las citadas instalaciones que fuentes del centro explicaron que se ha planteado la posibilidad de rentabilizar el uso de los mismos. Una posibilidad que podría incluir el alquiler de los quirófanos para impartir cursos de cirugía a médicos.

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, aseguró que todas las instalaciones del centro de investigación han tenido uso, pero eludió opinar sobre la gestión que han realizado los responsables de la administración del Príncipe Felipe. "La Fundación del Centro Príncipe Felipe es privada y no podemos intervenir más que como miembros del patronato", insistió, pese a que la Generalitat aporta la práctica totalidad del dinero para el funcionamiento ordinario. Rosado explicó que, además, hace un año se creó la figura del gerente "que es la que da cuenta al patronato [que preside el consejero]". Este periódico intentó, sin éxito, recabar la opinión del director general del centro, Rubén Moreno.

Sin embargo, los casos en los que la gestión realizada ha sido objeto de polémica no acaban ahí. Uno de los casos más sangrantes son los seis contratos firmados para poner en funcionamiento un programa informático de gestión económica.

En septiembre de 2008, el director general del CIPF adjudicó por importe de 113.700 euros sin IVA un contrato a la firma Abast para poner en marcha una aplicación informática que integrase toda la gestión económica y financiera de la institución. El contrato se amplió con otros cuatro compromisos adicionales: uno de 6.000 euros para formar a un coordinador del centro de investigación, un tercer contrato por tareas de consultoría y desarrollo de una parte del programa, de 42.600 euros; un cuarto de 12.000 euros por 248 horas de formación, y un quinto por servicios de adaptación del sistema valorado en 53.000 euros.

Las justificaciones de las ampliaciones del contrato llegan a ser sorprendentes. La más llamativa es la decisión de gastar otros 12.000 euros en formación del personal para utilizar la aplicación informática porque inicialmente el CIPF había reclamado a Abast que se entrenase a una única persona. El problema es que esta abandonó el centro de investigación tras ser formada. Una situación "imprevisible", según las fuentes de la dirección, que obligó a contratar otras 248 horas de formación adicionales para los usuarios de las aplicaciones.

Pese a ello, los 227.300 euros gastados entre 2008 y 2010 no sirvieron para nada. En marzo de este año, la dirección del centro adjudicó un nuevo concurso con el mismo objetivo. La adjudicataria, la firma Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, logró la contrata por un importe de 101.650 euros, sin que conste que la nueva aplicación informática este ya a pleno rendimiento.