El Ejecutivo deja sin recurrir la ley andaluza sobre la banca

El Gobierno está apurando hasta el último minuto para decidir si recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía que grava con hasta un 0,5% los depósitos de bancos y cajas de ahorros que operen en la región. En diferentes ocasiones ha mostrado su oposición a la norma que preparó José Antonio Griñán, con la que esperaba recaudar 130 millones para paliar el déficit de sus cuentas. Esta actitud hace pensar al sector que no llevará adelante el recurso ante el Constitucional, ya que la semana que viene acaba el plazo. En un momento político tan delicado, con Rubalcaba atacando a la banca, el recurso podría tener una lectura contraria al discurso electoral. Se esperaba que el Consejo de Ministros de ayer aprobara el recurso.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, advirtió hace meses que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero con tasas autonómicas. Buena parte de los bancos y cajas con presencia en Andalucía se han resistido con recursos contencioso-administrativos ante los tribunales, por lo que la primera recaudación solo ascendió a 10 millones.

Esta medida es una réplica del impuesto creado en Extremadura por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en 2001, recurrida por el Gobierno de Aznar y pendiente de sentencia.

El Gobierno justifica que no haya recurrido la ley andaluza "porque se está pendiente de la resolución del Constitucional del recurso al tributo extremeño. El asunto es esencialmente el mismo y el recurso al tributo andaluz no añadiría nada. Una vez que el TC se pronuncie, la impugnación de una ley parecida aporta poco", según fuentes de Economía.

La Asociación Española de Banca (AEB) considera que el impuesto andaluz sobre los depósitos "es inconstitucional". Pidió al Gobierno que lo recurriese, aunque "todo indica que no lo va a presentar", según fuentes de la AEB. La patronal bancaria cree que "el tributo, al resultar aplicable solo en un ámbito territorial específico, fragmenta la unidad del mercado financiero". También considera que la desigualdad tributaria territorial "distorsiona la competencia y afecta a la distribución de los depósitos y de la actividad financiera". Incluso dice que "al recaer sobre los depósitos bancarios, el impuesto penaliza y desalienta el ahorro" y encarece el coste de financiación de las entidades financieras y, en consecuencia, del crédito.