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Muere Ramona tras 14 días 'desenchufada'

"Se ha ido tranquila, tal como ella quería", afirma su hijo

"Se ha ido tranquila, como ella quería". Con estas palabras intentaba ayer por la tarde José Ramón Páez encontrar consuelo después de la muerte de su madre, Ramona Estévez. La mujer, de 91 años, con párkinson y en estado vegetativo después del infarto cerebral que sufrió el 26 de julio ha sido, junto con su familia y sin quererlo, protagonista de una historia pionera en España: la intervención pública de una Administración para obligar a los médicos a cumplir la ley y respetar la voluntad de los cuidadores de la enferma y retirarle la sonda nasogástrica, como ella y su hijo deseaban.

José Ramón atendía ayer a duras penas el teléfono. En principio, solo quería dar las gracias a quienes han colaborado para evitar que la agonía de su madre fuera alargada artificialmente en el Hospital Blanca Paloma, de Huelva. E intentaba resaltar que el proceso había sido de gran serenidad. "Ha estado como el primer día, muy tranquila. Solo hoy [ayer para el lector] por la mañana su respiración se ha agitado, pero los médicos han intervenido para calmarla", afirmaba con la voz entrecortada. El hombre solo espera que, a partir de ahora, le dejen en paz. Él solo quería que su madre no se viera convertida en una "máquina de bombear sangre" que ni sentía ni padecía. Pero, sin querer, se ha visto en medio de una polémica con la asociación conservadora Derecho a Vivir, que ha intentado por todos los medios torcer su voluntad y que no se aplicara la ley. Ha denunciado a la familia, a la Consejería de Salud andaluza y a su titular, María Jesús Montero. También organizó una campaña en Internet para bombardear con correos electrónicos al Fiscal General del Estado para que interviniera.

El representante de la mujer culpa a los médicos de su sufrimiento

Cuando se le recuerda lo que ha tenido que pasar -con llamamiento a declarar incluido-, José Ramón estalla: "No hay derecho a lo que han hecho con mi familia. Son unos canallas. Se dicen cristianos, pero han actuado sin caridad y sin misericordia".

Derecho a Vivir no está de acuerdo. "Bajo ningún concepto vamos a permitir que haya quien utilice una situación traumática para avanzar en una agenda ideológica radical e inhumana. Desde ahora, cualquier enfermo puede ser tratado con la misma crueldad que Ramona", ha dicho en su web la presidenta, Gádor Joya. La organización ha visto desestimadas todas sus intervenciones porque no es parte interesada y porque lo pedido por el hijo se ajusta plenamente a la ley de muerte digna andaluza, que estipula que una persona -o su representante legal- puede renunciar a cualquier tratamiento médico después de haber sido debidamente informada a pesar de que esa decisión suponga acortar su vida. La norma fue avalada en el Parlamento andaluz incluso por el Partido Popular, que interpretó que esta era la manifestación más extrema de lo que ya había plasmado en el Parlamento nacional la ley de autonomía del paciente que el Gobierno del PP impulsó en 2002. La única parte en la que el PP se manifestó en desacuerdo fue en el artículo que establece que, dado que renunciar a un tratamiento médico forma parte de las buenas prácticas de la profesión, los facultativos no tenían derecho a objetar cuando se encontraran con una petición así.

Precisamente, este aspecto es el que más ha molestado a José Ramón. El hombre cree que Derecho a Vivir no es la única culpable de la situación que ha tenido que pasar. "Los principales culpables son los médicos, que sabiendo que las leyes amparaban lo que pedíamos no quisieron hacernos caso, obligándonos a hacer público un caso que debería haberse solucionado en la intimidad, como le sucede a la mayoría de las familias", afirmaba ayer con una voz que se entendía a duras penas.

Él siempre mantuvo que después del infarto de su madre intentó que los médicos no la sondaran -el primero que la atendió le dijo que en su estado era una crueldad-, porque ella le había manifestado tanto a él como a las mujeres que la cuidaban que no deseaba acabar su vida "amarrada a unos tubos". Pero otro facultativo le amenazó con mandarla a casa si no accedía. Entonces cedió, y cuando volvió a intentar que se cumpliera el deseo de la enferma se encontró con la negativa. "Que esto no pase más", concluye.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de septiembre de 2011