La reforma constitucional vuelve a sacar a la calle a miles de personas

Minutos antes de arrancar, la protesta de ayer en Barcelona contra la reforma constitucional pintaba tranquila y con poca afluencia, pero acabó celebrándose entre momentos de tensión y llenando la mitad de la Via Laietana. Con la incógnita de cuánta gente congregaría la Plataforma Prou Retallades y con cierto nerviosismo por la poca gente que había en la plaza de Urquinaona, la protesta empezó sobresaltadamente. Fue cuando un grupo de una treintena de indignados se coló delante de la cabecera con una pancarta que rezaba "Deja el sindicato, únete a la lucha".

Pocos pero muy ruidosos, llevaron de nuevo a la calle el lema Que no nos representan entre las caras de estupor del cordón de seguridad y, sobre todo, los máximos dirigentes sindicales CC OO, UGT y USOC, además de ERC e ICV, que también se sumaron a la marcha. "¿Indignados son o estamos? Yo también estoy indignado", ironizaba el secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, con cara de circunstancias junto a su homólogo de CC OO, Joan Carles Gallego.

Los sindicatos cifraron la asistencia en 20.000 personas, mientras que la Guardia Urbana la estimó en 5.000. Nadie sabe muy bien por qué -si por la irrupción sorpresa, por razones de seguridad o por una menor afluencia de la prevista-, la cuestión es que la marcha terminó al final de la Via Laietana y no ante la Delegación del Gobierno, 200 metros más tarde, como estaba previsto. El manifiesto lo leyó el catedrático de Economía Vicenç Navarro, que despidió el texto con un celebrado "Visca la República i visca Catalunya!".La protesta de Barcelona se enmarcó en la convocatoria unitaria de manifestaciones contra la reforma constitucional en las principales ciudades españolas. Además de Madrid y Sevilla, en Cataluña también hubo convocatorias en Girona, Tarragona y Lleida, que concentraron a apenas 300 personas.

En Cataluña se trataba de la primera convocatoria de la plataforma Prou Retallades después de la protesta que el pasado 14 de mayo echó a la calle en Barcelona a 45.000 personas en la segunda gran protesta contra los recortes del Gobierno de CiU. La primera, un mes antes, había desbordado todas las previsiones cuando 20.000 médicos y maestros colapsaron el centro de la ciudad.

Además de los sindicatos, la plataforma Prou Retallades agrupa desde el Consejo de la Juventud hasta colectivos de homosexuales pasando por la Coordinadora de Jubilados, entidades ecologistas, asociaciones de padres, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Movimiento Laico y Progresista y Sos Racismo.

La manifestación de ayer suponía la primera prueba de fuego del curso del movimiento contra los recortes en el gasto público. El curso pasado acabó en plena efervescencia del movimiento 15-M con el desalojo de la plaza de Catalunya, al que siguieron el bloqueo del Parlament (15 de junio) y la por ahora más masiva de todas las protestas, el domingo siguiente, que congregó a 100.000 personas que igual clamaron contra los recortes que contra la actuación del consejero de Interior, Felip Puig.

Pese al malestar que suscitó entre los organizadores, la irrupción ayer de un pequeño grupo de indignados, la inmensa mayoría de los manifestantes ni se enteró de su presencia. Una manifestante, María López, restaba importancia a su presencia y expresaba su "indignación por los recortes en servicios públicos y por que se establezca un techo de gasto y deuda a los poderes públicos y no a la banca o las empresas". Un veterano dirigente vecinal calificaba los incidentes de "una lástima" y valoraba que ayer "no era el día" de mostrar división entre quienes se oponen a los recortes. De lo que se trababa, convenían los asistentes, era de protestar por una reforma de la ley de leyes pactada por PSOE y PP a toda prisa y en pleno agosto.

El manifiesto final rechaza la propuesta de reforma de la Constitución y pide que se convoque un referéndum para su ratificación. Así, en el arranque, mientras los indignados gritaban "que no nos representan", los organizadores intentaban acallarles con el lema oficial: Contra la reforma de la Constitución, yo quiero votar". El manifiesto considera que la reforma reducirá los niveles de déficit y provocará un deterioro de los servicios públicos y una amenaza para el Estado del Bienestar en un momento de máxima necesidad.