Lucro a costa de un colectivo en desventaja

La historia comenzó (al menos para la opinión pública) con la denuncia de un empresario que acusaba a la Junta de Andalucía ante el juez de asfixiarle económicamente al no entregarle fondos provenientes de la Unión Europea, que le correspondían a su compañía de telemárketing, MFK, por emplear a discapacitados. Pese a que la Consejería de Empleo admitió -aduciendo una retahíla de razones- los impagos a varias de estas empresas, tanto la Junta, como la central sindical CC OO como la Inspección de Trabajo (dependiente del Gobierno central), acusan al administrador de MFK, Eduardo de los Santos, de haberse lucrado con la contratación de discapacitados, a los que no les pagaba y despedía en periodo de práctica. Una medida tan loable como es facilitar empleo estable a un colectivo en desventaja se ha convertido en un retrato de chapuzas, falta de control en la vertiente pública y de picaresca descarnada en la empresarial.

La Fiscalía Superior trabaja sobre la denuncia de la central sindical

Inspección detectó "enriquecimiento injusto por parte de la empresa"

MFK contraatacó con una denuncia por "prevaricación" contra Empleo

Las subvenciones las da la Junta, pero la Seguridad Social controla el empleo

La Inspección de Trabajo mantiene abiertas cuatro actas de infracción contra la empresa de telemárketing MFK, compañía que investiga la Fiscalía Superior por un supuesto fraude en la contratación a discapacitados en Granada, Jaén y Málaga. La empresa recibía las correspondientes subvenciones de la Consejería de Empleo por emplear a discapacitados y a continuación les despedía presuntamente sin otra causa que el no haber superado el periodo de prueba, además de no abonarles el periodo trabajado.

Ante los impagos y numerosas denuncias de trabajadores y el sindicato CC OO, la Inspección de Trabajo visitó la sede de la empresa en Granada y a continuación propuso cuatro actas de infracción: una calificada como "muy grave" por impago de salarios de los trabajadores y que incluye una multa de 15.000 euros, otra "grave" por una irregular prevención de riesgos laborales con 2.046 euros de sanción, una tercera "grave" por obstrucción a la labor inspectora con 626 euros, y finalmente otra propuesta de sanción "grave" con una posible multa de 626 euros por impago de "subsidio de incapacidad laboral transitoria".

"La empresa sucesivamente iba sustituyendo a los trabajadores, a los que se les generaba deuda sucesivamente y un grave perjuicio económico, con un enriquecimiento injusto por parte de la empresa, que adeudaba los salarios", denuncia la inspectora de Trabajo en uno de sus informes sobre MFK. "La empresa les conminaba para que firmasen las nóminas, pese a no haber recibido cantidad alguna, haciéndolo algunos de ellos", detalla la inspectora sobre los impagos que 18 trabajadores sufrieron desde el pasado febrero. Además, la funcionaria denuncia a la empresa por obstruir su labor, ya que "provocó el retraso de las investigaciones inspectoras". La visita de la Inspección se produjo el pasado 23 de marzo tras las diferentes denuncias presentadas ante la Junta y el Ministerio de Trabajo por sindicalistas y trabajadores. Después del examen de la Inspección entre marzo y abril, en mayo el ministerio concretó las propuestas de sanción.

La respuesta del administrador de MFK, fue contraatacar -con un claro trasfondo y soporte político- y querellarse contra 14 altos cargos de la Consejería de Empleo por un supuesto delito de apropiación indebida, estafa y prevaricación, en relación con las ayudas que había dejado de cobrar como centro especial de empleo. El Juzgado 3 de Instrucción de Sevilla investiga ahora el caso.

La empresa de telemárketing ha pedido la suspensión de las sanciones propuestas por Trabajo debido a la investigación que mantiene el juzgado tras la querella. En caso de que las cuatro actas de infracción prosperaran, la Junta sería la encargada de imponer finalmente la multa a la empresa.

Esta semana CC OO cifró en un millón la posible estafa y cree que es solo la "punta del iceberg". Entre las principales quejas de los extrabajadores de MFK destacan las amenazas de dejarles de pagar si no vendían, pese a que, según sus testimonios, durante bastante tiempo no dispusieron de terminales telefónicas desde las que trabajar o que ni siquiera disponían de mobiliario tan básico como sillas para todos en la oficina. "Tuvimos que pedir muchas veces disculpas por las llamadas. Estábamos hacinados", denunció una de las extrabajadoras que pidió el anonimato. Otro empleado denunció que había desempeñado su trabajo bajo "acoso laboral".

La empresa, que asegura que mantuvo hasta 95 puestos de trabajo, alega que los impagos a sus empleados se produjeron porque la Junta retuvo 450.000 euros en subvenciones que le correspondían desde 2009 y la situación económica era insostenible. "No tengo por qué justificar que un trabajador no pasara un periodo de prueba", alega el administrador de la empresa. El directivo ha avanzado que reclamará las cuatro actas de infracciones contra su empresa, pero que al figurar una delegada de Empleo en la querella, esperará al resultado de la investigación judicial para mover ficha. Asimismo, De los Santos niega que obstruyera la labor de la inspectora de Trabajo y asegura que al no poder acudir a una cita con ella, la emplazó a mantener la reunión otro día y este cambio de fechas fue concedido sin mayor problema.

Los centros especiales de empleo como MFK son empresas convencionales cuya plantilla está formada al menos en un 70% por discapacitados. Entre sus objetivos está la integración laboral de las personas con discapacidad, de ahí los incentivos que canaliza Empleo, que sin embargo arrastra una deuda con 57 de estos centros desde 2008 de al menos 14 millones. "La empresa ha encontrado un hueco por donde defraudar. Las subvenciones se reciben desde la Junta por contratos indefinidos, pero el mantenimiento de estos está controlado por la Seguridad Social, y ambos son compartimentos estancos", opina el asesor jurídico de CC OO, Amador Torres.