Sobreponerse al caos de la renta mínima

Sin los 603 euros de la Renta Mínima de Inserción (RMI) ni ahorros, pidiendo dinero a los pocos amigos que continúan poniendo el hombro, devolviendo los recibos del banco y comiendo con la boca medio cerrada, a base arroz y ensaladas. Así fue el mes de agosto de Amanda Rodríguez, de 48 años, y su hija Karen, de 11, después de que el caos provocado por la Generalitat con la revisión de la renta mínima les dejara sin el ingreso que le proporciona esta ayuda de supervivencia.

El caso de Rodríguez es uno de los 6.707 expedientes -de cada uno dependen una media de 3,25 personas- que el 26 de agosto aún no habían percibido la ayuda y que los consejeros de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, señalaron, sin pruebas, como defraudadores.

Empresa ya ha retirado 90 ayudas, según la Mesa del Tercer Sector

"La mala gestión de los políticos la pagamos los más vulnerables", se queja Rodríguez, a la vez que intenta entender, sin éxito, porque se ha puesto en jaque el último escalón al que recurren las personas que sufren riesgo de exclusión social. Mientras, espera angustiada a que llegue el pago atrasado y que pueda cobrar el de septiembre después de pasar la revisión extraordinaria. Le anunciaron que todo está en regla, incluso el domicilio. "Pero no me dieron ninguna explicación de por qué no había cobrado", afirma. Le advirtieron, además, de que uno de los gastos que tiene, un seguro de vida, puede ser "un impedimento". "Solo vivimos de esta ayuda, ¿qué van a hacer mis hijos si me pasa algo?", se pregunta, dolida.

Gonzalo Bañález, de 42 años, sí que recibió el cheque, pero en su antigua vivienda. "Esperé al cartero durante horas", dice. Hacía unos días que había cambiado de casa."Te preguntan qué gastas, por qué y en qué lo haces", explica Rodríguez en referencia a la revisión que tuvo que pasar para desbloquear el pago de la ayuda. "Lo quieren saber todo de tus movimientos bancarios", añade. También tuvo que enseñar su pasaporte limpio de sellos y la libreta del banco. "Lo saben todo de ti", expone. No le importa. A María Elisa B. J., en cambio, le molesta que "invadan" su privacidad. "Es violento, pese a que no escondo nada", indica. Cobra la ayuda desde enero y cuando no le llegó el cheque, el 2 de agosto, se dirigió directamente al Departamento de Bienestar Social en busca de respuestas. No las recibió. "Nos decían que estaban sorprendidos y que no sabían nada", indica. Rodríguez y Baláñez también se quejan: "Reinaba la desinformación". Todos lamentan que, en su delicada situación, aún han tenido que asumir más deudas para pasar el mes de agosto. Para María Elisa fue "un impacto muy fuerte" quedarse sin ingresos, sobretodo por su hija de seis años. "La trabajadora social me dio 20 euros para poder comprar comida", dice.

Rodríguez asegura que la receta para superar estos días de incertidumbre es "no caer en el derrotismo social". La mujer, de origen colombiano, tiene estudios y poseía una vida "normal" hasta que se divorció y se quedó en el paro. Ahí empezaron sus problemas. "No somos indigentes ni tenemos graves problemas", explican, "solo económicos". "No nos imaginamos llegar a esta situación: pedir ayuda te supera", expresa Rodríguez, que tiene que hacer frente a un alquiler, tuvo que cambiar a su hija de colegio y debe dinero a la entidad: "Cuando te ves así, te derrumbas psicológicamente".

Bañález pasó de tener una vida acomodada a vivir tres meses en la calle. Le despidieron y se quedó sin ahorros. "Estaba acorralado", explica. Aún debe seis mensualidades de su piso. Acudió a los servicios sociales sin saber que existía la renta mínima. "Creía que después tendría que devolver el dinero", cuenta. Lleva dos años cobrando 459 euros y acude a un comedor social.

María Elisa, por su parte, vive en un piso de Cáritas por 175 euros al mes, recibe 580 euros y afronta un otoño plagado de gastos: el colegio de su hija y buscar una nueva vivienda.

"La RMI no debe ser un recurso para mantener a alguien, sino una ayuda transitoria", admiten Rodríguez y Bañález. Ambos están apuntados al Servicio de Ocupación de Cataluña y realizan cursos formativos. "Pero no hay nada", esgrimen.

Rodríguez lamenta que los encargados de realizar las entrevistas de las revisiones, que forman parte de una empresa de trabajo temporal contratada por Empresa y Ocupación, "estén adiestrados" para decir "no te preocupes, que todo irá bien mientras el caso sigue sin resolver". Junto con Bañález, considera que los mecanismos de regulación de la Generalitat fueron "una inmoralidad".

Tienen miedo. No cobraron hace un mes y temen que vuelva a suceder. Por el momento, Empresa ya ha retirado 90 expedientes por irregularidades varias, según el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina.

Aunque cobren, muchos beneficiaros seguirán con la preocupación en el cuerpo. El nuevo decreto de la RMI endurece las condiciones para obtener la ayuda y solo la podrán recibir quienes tengan "una dificultad social añadida". Con estos cambios, la Generalitat pretende reducir el número de beneficiarios para ahorrar 53 millones de euros. Las modificaciones pasan por vivir desde hace dos años en Cataluña, la ayuda no superará el salario mínimo interprofesional y no se podrá recibir durante más de 60 meses.

Las consecuencias de la nueva norma, sin embargo, no se podrán ver hasta dentro de unos meses, cuando se hagan efectivas todas las revisiones anuales, indican las entidades sociales.