CiU y PP vetan que Tarragona suba impuestos a las grandes empresas
La izquierda aumentó en 2010 el 40% el IBI a las compañías más solventes
Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) de Tarragona impedirán la aprobación de los presupuestos municipales del 2012 si el Ayuntamiento no revisa ni rebaja los impuestos a los empresarios. Ambos grupos políticos impondrán esta condición para aprobar las cuentas del año que viene.
El Ayuntamiento de Tarragona está gobernado en minoría por el Partit dels Socialistes. El PSC cuenta con 12 regidores, Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) con un edil, y CIU y PP suman 14 concejales, con lo que el PSC deberá negociar obligatoriamente con el centro-derecha para sacar adelante los presupuestos municipales durante esta legislatura.
En octubre de 2010 el Consistorio, en el que el PSC gobernaba con Esquerra Republicana (ERC), subió el impuesto de bienes inmuebles (IBI) hasta el 40% a las empresas más ricas de la ciudad. En concreto, se incrementó este impuesto a las 47 compañías más solventes del municipio, ubicadas en los polígonos industriales de RiuClar y Francolí, y, en especial, en el parque comercial de ocio de Les Gavarres, situado a las afueras de Tarragona. Los empresarios afectados se rebelaron, en junio realizaron una reclamación y no descartan emprender acciones legales contra el Ayuntamiento si se mantiene la medida. El PSC sigue defendiéndola: "La subida afectó a 1 de cada 10 empresarios, fue excepcional y no se volverá a realizar un incremento de este tipo; subimos los impuestos a los que más tienen para poder congelar los del 99% por de la población", afirma Begoña Floria, portavoz del PSC de Tarragona.
Tarragona es la segunda ciudad más endeudada de Cataluña
El cambio en el IBI se realizó en inmuebles no residenciales. La subida se aplicó a los solares con un valor catastral superior a 240.000 euros, a los locales industriales de más de 130.000 euros, a los turísticos de casi un millón de euros y a los comerciales de 500.000 euros. La número uno de CiU en Tarragona, Victòria Forns, sigue sin mostrarse conforme y pide que se revise la subida: "Estamos de acuerdo en que quien tiene más debe pagar más, pero no en estas proporciones; se debe replantear porque no podemos ejercer esta presión fiscal a los empresarios ni ahogarlos", sostiene la dirigente convergente. Según Forns, estas tasas dificultan que los empresarios puedan crear empleo.
Cuando se inicien las negociaciones para los presupuestos del año que viene, exigirá al Partit dels Socialistes políticas sociales, pero también ayudas para las pequeñas y medianas empresas. "La situación obliga a mirar los presupuestos desde otra óptica, y tendrán que escucharnos", advierte. El Partido Popular va más allá y pone como condición para aprobar las cuentas que se rebajen los impuestos a las empresas. "Exigiremos que se rebaje el aumento injustificado del IBI del año pasado. Si Ballesteros quiere cumplir realmente con su promesa electoral de crear 6.000 puestos de empleo, un primer paso no es poner palos a ruedas de los empresarios y fomentar la actividad económica, no ahogarla con medidas exclusivamente recaudatorias", explica José Luis Martín, regidor del PP.
El Ayuntamiento de Tarragona es el segundo más endeudado de Cataluña, con una deuda que supera que el 107% de sus ingresos y el PSC se rebela ante los requerimientos de convergentes y populares. "Podemos hablar de congelarlos, pero no de rebajarlos. Si CiU y PP lo exigen, entonces tendremos que poner sobre la mesa si subimos los impuestos al resto de la ciudadanía, y esto no lo vamos a permitir", concluye Floria.
