Carboneras pide a la Junta una solución para la playa de Los Muertos

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería), gobernado por PP y Gícar, pidió ayer "soluciones futuras" para la situación del aparcamiento en la playa de Los Muertos, que finalmente ha sido desprecintado. El Consistorio instaló el precinto después de que la Junta de Andalucía le abriera un expediente por acondicionar sin permisos medioambientales un solar para usarlo como aparcamiento.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Carboneras sostiene que, tras el precinto, se ha dado una situación de "caos" de circulación en esa playa, ubicada en un espacio protegido. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gícar), señaló ayer a Europa Press que, en todo caso, la situación ya no reviste demasiada importancia al concluir estos días la temporada turística. Pero sí abogó por sentarse con la Junta para abordar el futuro.

"Esta situación de descontrol se da todos los años, la limpieza es terrorífica, no encontramos ayuda con el parque natural, pero ahora desde la Junta se apela a la cooperación institucional, cuando nosotros obtenemos muy poca", remarcó Hernández, quien indicó que la decisión del Consistorio obedece a que "un Ayuntamiento debe estar para dar respuesta a los ciudadanos".

Expediente

La Junta abrió en agosto un expediente al Ayuntamiento por acondicionar un terreno de su propiedad junto a la playa de Los Muertos para facilitar el aparcamiento y ganar tres euros con cada estacionamiento. Se allanó terreno en una zona protegida, como lo es el parque de Cabo de Gata, y "sin autorización" de la Consejería de Medio Ambiente, que instó al cese de estas actividades en la zona en la que se habían realizado los trabajos de acondicionamiento. El Ayuntamiento decidió entonces precintar todo el aparcamiento. Aunque la semana pasada el precinto fue retirado.

Por su parte, el portavoz de gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Salvador Alarcón (PP), sostuvo ayer que "legalmente, porque parece ser que con Carboneras se aplica la ley al pie de la letra", el Consistorio se enfrenta a "una sanción de entre 600 y 60.000 euros". "Hablaremos con la Junta, que esperamos tenga en cuenta nuestras alegaciones y si posteriormente consideramos la conveniencia de llevar a cabo algún tipo de recurso lo haremos", agregó Alarcón.