A la defensiva

No se podrá acusar al Gobierno de estar de brazos cruzados durante el verano. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas, han sido numerosas las medidas económicas adoptadas. La mayoría, en respuesta a la intimidación de los mercados de bonos y las exigencias de las autoridades europeas. La complacencia de las políticas económicas en la mayoría de las dos últimas legislaturas ha dado paso a una hiperactividad sin precedentes. La decisión de mayor significación es la destinada a modificar la Constitución para introducir un límite al déficit público. Esa extrema diligencia, con la que el Gobierno asumió las orientaciones del encuentro entre Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, ya ha generado perturbaciones políticas suficientes como para que se valore si el propósito perseguido requería del método empleado. Y si encontrará la compensación de los mercados financieros, ahora más pendientes de las posibilidades de crecimiento que del radicalismo fiscal de los Gobiernos.

Limitar el déficit público es una señal que reduce incertidumbre para los inversores en bonos públicos. Fomentar esa medida expresa, de hecho, una insuficiente confianza en los Gobiernos para conducir prudentemente la política fiscal. Afortunadamente, el acuerdo alcanzado no introduce en la Constitución cifras concretas de esos límites. En su lugar se ha optado por impedir que Estado y comunidades autónomas incurran en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Es en una ley orgánica donde se concretarán esas cifras, que no dejan de ser arbitrarias: el déficit estructural máximo será del 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas y no superará el 0,26% del PIB en la Administración del Estado, ni el 0,14% en cada comunidad autónoma.

Son límites sin duda exigentes para un país con un gasto público por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin niveles de bienestar o de capital público equivalentes. Dada la especialización sectorial de la economía española, distante de la modernización de las más desarrolladas, limitan la participación pública en la inversión en capital tecnológico o humano. La experiencia de otros países desarrollados, desde EE UU hasta Alemania, señala que la inversión pública ha sido determinante en la modernización económica. No es lo mismo poner un corsé a la actuación inversora del Estado para una de las economías más competitivas del mundo que hacerlo cuando se exhiben carencias de gran calado, como es el caso de España.

Las medidas laborales anunciadas en el Consejo de Ministros de ayer no son la panacea para reducir inmediatamente el paro, pero pueden favorecer la creación de empleo. Es el caso de la suspensión durante dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales, que obligaba a hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran encadenado contratos temporales durante 24 meses. También merece una valoración favorable la medida que prevé la creación de un contrato de formación y aprendizaje para menores de 30 años. Con ella se trata de aliviar esa tasa de desempleo juvenil, superior al 46%, que constituye una de las manifestaciones más explícitas del drama laboral español.

La prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado la prestación por desempleo es apenas un paliativo. Es verdad que podría haberse aprovechado para introducir otras reformas en el mercado de trabajo. La de la contratación a tiempo parcial, por ejemplo. Pero el Gobierno parece haber optado por una dosificación de las reformas que favorece las críticas, como las de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero es una insensatez desautorizarlas completamente, como ha hecho el Partido Popular.