Sin datos ni perdón

Tenían que aclarar el caos generado y lo único que lograron fue liar aún más la madeja. El consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y el de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, acudieron ayer al Parlament para defender su decisión de revisar en pleno agosto y sin aviso la Renta Mínima de Inserción (RMI), la prestación para los más desfavorecidos que miles de usuarios no han recibido este mes por un cambio en la forma de pago.

Mena y Cleries repartieron acusaciones y ofrecieron paupérrimos datos que no aclaran las preguntas que la oposición subrayó durante el turno de réplica. Por no ofrecer, Mena no ofreció ni las disculpas exigidas por todos los partidos, afectados y trabajadores del sector social. Como única novedad, los consejeros actualizaron los datos de los beneficiarios que todavía no tienen su cheque: son 6.707, el 19,42% de los titulares de esta renta. De cada ayuda dependen una media de 3,25 personas.

Entre estos beneficiarios que no han cobrado el cheque están los damnificados por los errores del Gobierno, admitió Mena. Son aquellas personas a las que Empresa envió el talón a una dirección equivocada por usar una base de datos con información desfasada. También, insistió el consejero, aquellos que cobran la renta y viven fuera de Cataluña. Y aquellos beneficiarios ya fallecidos que siguen cobrando la ayuda, un nuevo as que ayer se sacó Mena de la manga -"son bastantes", dijo sin dar un solo dato- para ilustrar el descontrol que en su opinión existía en la gestión de la ayuda. Cleries, por su parte, afirmó que no darán cifras del fraude, porque necesitan tiempo "para analizarlas".

El responsable de Bienestar, que dijo que el colapso había sido "una molestia" propia de los procesos "en los que se pone orden", señaló que la revisión era necesaria para que la RMI volviera a su "esencia", una esencia que no incluye atender a parados que han agotado su prestación. Ante el aumento de reclamaciones, dijo, habría que dividir la ayuda en dos: una para los desempleados sin paro -en los próximos meses, el 69% de los que reciben esta prestación se les agotará-, y otra para las personas con riesgo de exclusión social.

Es un cambio en la RMI que también reclaman las entidades sociales, pero que el Gobierno ha omitido hasta la fecha. También justificó este consejero los cambios aludiendo a la necesidad de limitar la ayuda por debajo del salario mínimo interprofesional para evitar "trampas de pobreza", porque "desincentiva la búsqueda de trabajo". Hasta 4.935 personas, concretó Mena, cobraban más del salario mínimo (640 euros) sumando a la prestación básica otros complementos, como tener hijos o discapacitados a su cargo.

Ambos consejeros, que siempre habían defendido que el cambio en la forma de pago de la RMI servía para perseguir el fraude, e incluso lo hicieron al principio de su intervención de ayer, cambiaron la versión poco a poco. Contradijeron al mismo presidente Artur Mas, que para apoyar la gestión de su Ejecutivo en el caos de la renta apuntó que servía para atacar el fraude. Mena y Cleries aseguraron que todo fue una operación para actualizar las bases de datos. El titular de Empresa confirmó que el Departamento envió los cheques a sabiendas de que los datos utilizados estaban desfasados. Y se desmintió a sí mismo: "Esto no era la lucha contra el fraude, era la actualización de la base de datos".

Los consejeros improvisaron los motivos por los que carecían de los datos del fraude. Eso sí, Mena se extendió en dar ejemplos llamativos de receptores de la RMI que viven rodeados de televisión por cable, facturas de móvil y vacaciones. Sacó a relucir un supuesto amigo, llamado Mohammed para lanzar otro dardo contra la comunidad marroquí, como hizo hace una semana acusándoles de cobrar la ayuda viviendo en su país. Su amigo Mohammed, dijo, le había contado que la RMI produce efecto llamada entre sus compatriotas, porque se cobra rápido y fácil."El peso demográfico de los marroquíes es del 3% y a la vez representan el 27% de los receptores de la ayuda", argumentó Mena. En este punto, llegaron las anécdotas elevadas a categoría. "Tenemos receptores de la RMI que contrataban el Canal Plus, que tenían elevadas facturas de veterinario, varios móviles, que pagaban cuotas a ONG. Tenemos el caso del hijo del propietario de una multinacional que está enfadado con su padre y cobra la renta", fueron solo algunos de los ejemplos de Mena. "¿Cuántos casos se han encontrado?", le preguntaron. "Muchos", solo acertó a responder.

Mena y Cleries aseguraron que no han tenido tiempo de estudiar todos los casos de fraude y que, cuando se acaben de analizar los expedientes, ofrecerán cifras concretas. El titular de Empresa confirmó que se ha contratado a personal de una empresa de trabajo temporal para hacer los cuestionarios que sirven para revisar los expedientes, aunque matizó que habrá una revisión por parte de los técnicos. Mena no supo concretar cuánto dinero se pagará a la ETT.

El Gobierno tripartito fue el objetivo de los dos consejeros y del portavoz de CiU, Jordi Turull. Cleries acusó a Partit dels Socialistas y Esquerra e Iniciativa de no cambiar la renta mínima durante su legislatura, obviando las modificaciones que se hicieron en 2006, 2008 y 2010.

La oposición no se amilanó y apretó las tuercas a los consejeros. Hubo una conclusión prácticamente unánime: Mena y Cleries no se entienden. Ambos consejeros, con una concepción política antagónica, tienen criterios distintos para la renta mínima y lo demostraron en la comparecencia, aunque lo negaran. La socialista Eva Granados denunció el tono "irreverente e impropio de los consejeros" y denunció la falta de datos y la improvisación. "Han tratado a unos de delincuentes, y a los trabajadores sociales como de colaboradores necesarios", zanjó. Iniciativa, que fue representada por su líder, Joan Herrera, pidió la dimisión de Mena y recalcó la "insensibilidad humana que lleva a corregir los equilibrios presupuestarios de esta manera". Herrera interpeló directamente a Cleries: "¿No se ha sentido relegado por el consejero de Empresa?".

Cleries intentó defender a los trabajadores sociales mientras Mena justificó la contratación de trabajadores temporales, porque su labor es solo administrativa, recoger datos y "hacer fotocopias, y tal". Prometió que quienes analizarán los datos serán técnicos.

También estuvo duro Enric Millo, portavoz del PP. "Sobrevivir no puede ser considerado un fraude", afirmó antes de repasar los "seis pecados" que ha cometido el Gobierno: la falta de diálogo con los asistentes sociales, con los perceptores y con los Ayuntamientos; dejar que los municipios se encargaran de gestionar el caos de la Renta; los conflictos internos entre los consejeros, y la "falta de respeto a los ciudadanos". Millo pidió a la Generalitat una reforma de la RMI que pase por tener más "rigor y control" en la ayuda, un guante que recogió Cleries. Solidaritat Catalana per la Independència no intervino en el debate porque ningún representante acudió a la Diputación Permanente.

La sesión finalizó con un tímido propósito de enmienda de Cleries, que se abrió al diálogo. No así Mena, que prosiguió con los ejemplos sin cifras y el tono censurado por la oposición. Uno de los reproches que más se oyó en el Parlament fue que los consejeros prosiguieron tranquilamente sus vacaciones mientras se hacían notar los efectos del caos. Mena, en línea de lo que expresó su secretario general, Enric Colet, justificó los cambios en verano: "Los pobres y los marginados no tienen vacaciones de agosto".

Después de la intervención de los consejeros, los más pobres, receptores de la RMI, tampoco tienen datos que justifiquen el caos que han vivido durante este mes. Ni siquiera saben si se quedaron sin cobrar por ser presuntos defraudadores o porque alguien, un día, olvidó actualizar su dirección en una base de datos. Eso si: en septiembre, el pago se volverá a realizar a través del banco.