Cameron y la exclusión

El Gobierno británico ha ratificado su análisis sobre el reciente brote de vandalismo que azotó Londres y otras ciudades del país, dejando un balance de cinco muertos, cerca de 3.000 detenidos y cuantiosas pérdidas económicas. Tras las declaraciones del canciller del Exchequer, George Osborne, pareció que el Ejecutivo no solo interpretaba los sucesos como un episodio de delincuencia masiva, al que bastaría responder con medidas policiales, sino también como un síntoma de la situación en la que se encuentran los barrios deprimidos de las principales ciudades británicas, que exige políticas contra la exclusión social. El primer ministro, David Cameron, regresó ayer a las posiciones iniciales hablando de una "sociedad rota", pero solo para anunciar una reforma de la educación que ponga en valor la disciplina y nuevas condiciones para que las familias puedan acceder a las prestaciones públicas.

Esta aproximación podría dar lugar a un debate que trascienda el caso británico, puesto que la crisis económica está generando un creciente malestar social y nuevas bolsas de pobreza en las principales economías del mundo. Aparte de comportamientos intolerables escudados en el anonimato de unas hordas libradas al pillaje, lo que se ha visto durante los saqueos en las ciudades británicas son los límites de una política que abandona por completo la búsqueda de la cohesión. Pero Londres prefiere limitar su respuesta a unos gestos de firmeza contra los implicados en los actos violentos.

La exclusión social no exime a nadie de la responsabilidad por los delitos cometidos, de los que hay que dar cuenta ante los tribunales. Asumir que conviene combatir la exclusión social mediante políticas públicas es una imprescindible medida preventiva, no una justificación de la impunidad, como parece temer el Gobierno de Cameron. Por la vía que este ha escogido podrían cometerse graves excesos, como cuando se prevé castigar a las familias de los detenidos por acciones que solo estos han cometido. Tal vez este castigo tenga efectos ejemplarizantes, pero en las sociedades democráticas la responsabilidad es personal y las penas deben ser proporcionadas a los delitos. Una familia de escasos recursos no puede quedar sin el hogar o las prestaciones que le proporciona el Estado porque uno de sus miembros haya robado aparatos electrónicos. El círculo que conduce a la exclusión se vería acelerado y las garantías democráticas, en entredicho.