Una acción desproporcionada

Esa es la sensación que tengo cuando oigo las razones que han motivado los cambios en el sistema de pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI), fundamentadas en la lucha contra el fraude y la identificación de las personas que no tienen derecho a su recepción. Es evidente que hay que perseguir y castigar a aquellas personas que obtienen dinero fácil al margen de la ley a través de la mentira, la estafa, el engaño, el fraude o la especulación. Tristemente, en los últimos meses hemos tenido ejemplos, como en el caso Palau, muy vergonzosos que bajo la imagen de la respetabilidad ciudadana han conseguido grandes fortunas de forma ilegal, y hoy todavía no han sido castigados, y se encuentran disfrutando de total inmunidad.

Sin embargo, la picaresca fraudulenta que puede darse en algunos casos entre los 34.000 beneficiarios de la renta mínima, incumpliendo los requisitos de acceso o falseando algunas de las condiciones exigidas, ha sido motivo suficiente para buscar con la máxima rapidez y contundencia una forma de expulsarlos del programa, negándoles cualquier posibilidad de recibir esta ayuda. Llama la atención esa prontitud, que no siempre se aplica por igual, cuando estamos hablando, según las estimaciones que hacen los profesionales del sector, de una cifra que no llega ni al 2% de la totalidad de beneficiarios que de manera fraudulenta cobran unos 500 euros al mes. De nuevo, la mayoría es víctima de la acción incorrecta de una minoría.

Las entidades sociales son las primeras en condenar el mal uso que se ha dado a la Renta Mínima de Inserción, porque no siempre se ha utilizado para los colectivos y objetivos que fue ideado, o se ha convertido en una ayuda para las personas que han agotado la prestación del paro o ha cronificado algunos beneficiarios que no ya no son capaces de integrarse en la sociedad. Y, admitámoslo también, porque algunos desaprensivos se han apropiado de un derecho que no tenían. Pero a pesar de todo ello, es un recurso fundamental que debe mantenerse y encontrar las vías para superar adecuadamente dichas disfunciones.

Nos referimos a un colectivo sin recursos económicos que espera el día 1 de cada mes para pagar la habitación donde duerme, comprar comida y pagar sus deudas, si alguien todavía les presta dinero. Es gente que tiene dificultades en comprender el contenido de la carta enviada por la Generalitat que les comunica el cambio en el sistema de cobro y que pregunta atemorizada el porqué de esa modificación, y si significará la pérdida de la ayuda imprescindible para su subsistencia. Y si eso ya es grave, la implantación del nuevo sistema coincide con la temporada estival y nadie es capaz de responder a la infinidad de cuestiones que ha generado dicha modificación. Prueba de ello ha sido el manifiesto de un grupo de profesionales que se ha quejado de la falta de información e incapacidad de responder al aumento de consultas; no les habían comunicado ni indicado cómo resolver los posibles problemas que surgieran.

Se han tomado unas medidas desproporcionadas al problema que se desea resolver, y se ha hecho fuera de tiempo y lugar. El cambio previsto requería haber tenido en cuenta todos los factores que intervienen, en especial las personas afectadas, cuidando los detalles que permitieran un proceso participado y consensuado. Por el contrario, se ha practicado un claro desprecio hacia estas personas que han sido calificadas como sospechosas de acciones fraudulentas, y en ningún momento se ha valorado las delicadas y difíciles situaciones que muchas de ellas están viviendo, hablando únicamente de la necesidad de luchar contra el fraude. Con estos mensajes conseguiremos aumentar la imagen estigmatizada que ya venían sufriendo y que les dificulta su integración en la sociedad. Por todo ello, pediríamos mayor control, pero gestionándolo desde el respeto a la persona y a su realidad.

Teresa Crespo es presidenta del Consejo Asesor en Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat y de la asociación de ONG Entitats Catalanes d'Acció Social