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Editorial:

Indignados, sol y sombra

El Movimiento 15-M puede perder el apoyo ciudadano si persevera en el desorden público

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid han puesto fin a la tolerancia con la que acogían los improvisados actos de protesta de los indignados. Todo parece indicar que los responsables del orden público pretenden explotar durante agosto los errores cometidos por el 15-M. Su decisión de convertir las protestas en permanentes se ha saldado con una pérdida progresiva de su capacidad de movilización, muy limitada ahora frente a la que demostraron en los días de las elecciones municipales. Los indignados también se han equivocado al considerar que la no intervención policial durante la jornada de reflexión previa al 22 de mayo les había concedido el privilegio de ejercer sus derechos de reunión y manifestación al margen de las leyes, dando por descontada la condescendencia y hasta la resignación de los ciudadanos afectados.

La operación policial ha llevado al cierre absoluto de la Puerta del Sol para minimizar la posibilidad de enfrentamientos abiertos con los indignados, que siguen contando, según las encuestas, con apoyo en la opinión. A efectos de imagen, la estrategia parece haber dado resultado. Pero los responsables del orden público han contribuido a perturbar la vida ciudadana más de lo que podían haberlo hecho los indignados, al no encontrar otra manera de desalojar a tres centenares escasos de personas más que cerrando a cal y canto zonas completas de la capital, incluyendo el tráfico y el transporte suburbano.

Los indignados podrían cometer un tercer error si pretendieran encontrar una nueva razón de ser para su movimiento en los enfrentamientos con la policía. Lo que les granjeó la simpatía fue su defensa de reivindicaciones políticas apoyadas por una opinión mayoritaria. Lo que puede hacer que la pierdan es que aparezcan envueltos en un conflicto constante de orden público. De nada sirve que sus portavoces reiteren el carácter pacífico del movimiento si ejercen sus derechos de reunión y manifestación como si los fines que defienden les eximieran de cualquier obligación.

Los partidos han reaccionado con cautela. Tan solo el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha pronunciado en el sentido de ofrecerles un espacio para dar a conocer sus propuestas. Son iniciativas que se le podrían volver en contra: porque lo relevante ahora es si apoya o no la operación y porque sus guiños al 15-M podrían resultar comprometedores si se prolongasen los problemas de orden público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de agosto de 2011