Sin miedo a las porras

La cruz de los desahucios son las personas que se quedan sin casa. Cada una de ellas tiene una historia, ya sea por impago hipotecario o porque no pueden hacer frente al alquiler. En los últimos meses, sin embargo, no están solos. Cientos de ciudadanos a los que desconocen se plantan delante de sus viviendas para evitar que les echen. Es su manera de hacer política. De forma desinteresada. Se identifican con el 15-M y tres de ellos muestran el rostro y dan su visión de la situación.

"Cada paralización es un triunfo. Por ello, las movilizaciones van a más", explica Raquel Jiménez, de 30 años, en paro, y miembro de la Asamblea Popular de La Llagosta. El sentimiento de la ciudadanía es que "sí se puede" porque señala que el siguiente "puedes ser tú".

La presión social que acompaña últimamente a los desalojos ha provocado un incremento de la presencia policial que muchos critican. Los indignados no olvidan las cargas policiales de los Mossos d'Esquadra del 27 de mayo en la plaza de Catalunya ni los enfrentamientos entre la policía y vecinos en un desalojo del barrio de El Clot de Barcelona, que se saldó con 10 heridos y 34 denunciados el pasado 25 de julio. "La imagen de los Mossos ha empeorado", afirma Anton Uró, autónomo de 30 años, que vaticina que habrá más conflictos: "Cuántos más antidisturbios, más presión social habrá, y será más radical".

"La estrategia de la no violencia era ideal" aunque después de las actuaciones de la policía algunos se la replantean porque "hay una situación de confrontación", dice Jorge Sánchez, activista social de 41 años que está también en el paro.La nueva fórmula de los jueces para ejecutar los desahucios, sin especificar día y hora y con refuerzo policial, no sorprende a los manifestantes. "Los Mossos d'Esquadra juegan con el miedo y con una imagen disuasoria", sostiene Sánchez, que en el desalojo de El Clot fue retenido a la fuerza por la policía. Pero la imagen del colectivo aguanta: "Hemos perdido el miedo a las porras y a movilizarnos", declara contundente.

Para el activista social la vivienda es un derecho fundamental, "pero ha acabado siendo un medio de especulación. Y tenía que petar". Jiménez lamenta, además, que los bancos no comunican a los clientes las consecuencias por impago cuando firman el contrato de la hipoteca. Los tres entrevistados van más allá: "Los políticos no tienen voluntad real de cambiar la ley de arrendamiento urbano", que regula los contratos de alquiler.

Cuando se les pregunta cuando se prendió la llama de la reivindicación, consideran que el 15-M reavivó el espíritu de cambio. El discurso caló. Ante la desidia política, "la manera de cambiar las cosas es saliendo a la calle" y confiesan que lo hacen ante cualquier "inmoralidad".

Argumentan que la política está pervertida y marcan el camino a seguir: la necesaria regeneración de los valores fundamentales. "Sino no se progresará", advierten. De ahí que no confíen en que se produzcan variaciones en las elecciones generales del 20 de noviembre. A largo plazo, sin embargo, ven posibles "cambios estructurales".

Respecto al futuro de los desahucios, piden que haya reformas "radicales" en las políticas sociales y de vivienda. No creen que la dación en pago, que evita que el afectado siga cargado de deudas pese a haber perdido su vivienda, sea una medida definitiva. A corto plazo, dejan caer una cascada desinteresada de ideas o, según ellos, de soluciones: que los pisos embargados opten a ser viviendas sociales y que se amplíen los pisos de emergencia así como las ayudas sociales para poder afrontar los pagos. O que se impongan impuestos progresivos para los propietarios con inmuebles vacíos para reducir el parque inmobiliario desocupado.

Y exponen su razón: "La vivienda tiene un valor de uso, no un valor de cambio".