El Gobierno andaluz protegerá antes de fin de año los lugares de memoria histórica

España y Andalucía están en capilla electoral, pero el Gobierno autónomo "no está pensando en las elecciones, sino en desarrollar su agenda", dijo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. En el amplio paquete de decisiones que ayer adoptó el Consejo de Gobierno figura el decreto por el que se crea la figura de los lugares de la memoria histórica, es decir, aquellos enclaves de la Guerra Civil y de la dictadura franquista donde ocurrieron asesinatos o vejaciones en contra de la libertad.

La intención de la Consejería de Gobernación, una vez que ya tiene cobertura jurídica, es que antes de fin de año algunos de estos lugares estén ya señalizados. El consejero eludió ayer especificar cuáles serán los primeros, aunque a lo largo del mes de agosto -probablemente durante el acto del 75 aniversario del fusilamiento de Blas Infante- indique algunos sitios. Gobernación tiene ya identificados, entre otros sitios, la tapia-paredón del cementerio de Granada. En este lugar, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva cuatro años colocando el 20 de julio una placa en homenaje a los 4.000 fusilados durante la Guerra Civil. Los mismos años que lleva el gobierno local del PP retirándola. El decreto obligará a los Ayuntamientos a preservar este enclave.Todo hace pensar que el consejero de Gobernación, Francisco Menacho, quiere imprimir ritmo a la aplicación del decreto de los lugares de la memoria histórica, pese a que la norma fija un "periodo total" de seis meses desde que se inicia el procedimiento hasta su resolución. Menacho dijo ayer que "en dos o tres meses" este trámite puede estar resuelto.

El inicio del procedimiento es una competencia del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de Gobernación. La propuesta será estudiada por un grupo de siete expertos: tres serán nombrados a instancia del comisariado, dos por el Consejo Andaluz de Universidades y otros dos por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, institución en la que es casi seguro que está controlada por el PP.

El informe que emita este grupo será vinculante y se remitirá a la comisión interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que deberá pronunciarse. El último paso es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la identificación del lugar.

El decreto va a obligar a los Ayuntamientos a preservar y respetar los enclaves donde se produjeron "las tropelías en contra de la libertad". Esto evitará que se vuelva a repetir lo que ocurre todos los meses de julio en Granada desde hace cuatro años, donde el Ayuntamiento del PP quita la placa con la que se rinde homenaje a los fusilados en el paredón del cementerio. En el caso de que el lugar sea privado, la Junta intentará llegar a un acuerdo con los propietarios.

Los lugares de memoria se inscribirán en un catálogo público. El comisariado tiene ya identificados algunos lugares como el ya citado de Granada; el antiguo cuartel de la Gavidia en Sevilla, desde donde Queipo de Llano dirigió la sublevación franquista; la cárcel sevillana de Ranilla; y las murallas y foso de Puerta Tierra en Cádiz, donde se produjeron fusilamientos. Estos tres Ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular.

Por otro lado, el Gobierno aprobó ayer en su última reunión antes de las vacaciones de verano, la creación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales que deberá emitir un informe no vinculante sobre todo tipo de normas, órdenes, planes o proyectos de la Junta que afecten a los ayuntamientos y diputaciones. La Junta puede no hacer caso a sus observaciones, pero deberá argumentar "de manera detallada" sus razones. En la elaboración del reglamento de creación del consejo se han producido tirones con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), porque este organismo entendía que debía tener mayor protagonismo a la hora de diseñar el consejo.

Todos sus integrantes serán propuestos por la FAMP, es decir, que no habrá representación autonómica. En cierta medida, este órgano desplazará al Consejo de Concertación Local, integrado por la Junta y las corporaciones municipales, que limitará sus pronunciamientos sobre las leyes durante el trámite de audiencia parlamentaria.