Lecciones de la CAM

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está descubriendo prácticas financieras irregulares en la entidad que, por sí mismas, justificarían la sustitución de los gestores y la entrada del Banco de España en la gestión. Del examen minucioso de sus balances se desprenden tropelías graves, como la concesión de créditos al 0% de interés a consejeros de la entidad, la financiación arriesgada de los proyectos faraónicos de la Generalitat valenciana (durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y un riesgo inmobiliario exagerado, probable consecuencia de obligaciones de financiación impuestas con criterios políticos.

En las cuentas de la entidad se detecta además el seguimiento de criterios insensatos de crecimiento, impuestos probablemente con la finalidad de superar los resultados de Bancaja. El crecimiento a cualquier precio explicaría el aumento desorbitado del número de oficinas, contrario a la gestión prudente que muchas entidades habían adoptado ya a partir de 2007, cuando empezaban a atisbarse los primeros síntomas del crash financiero.

El caso de la CAM es pues un ejemplo perfecto de las perniciosas consecuencias que se producen cuando la gestión de una entidad bancaria se entrega en manos políticas. Cuando se repite desde las instituciones de control financiero que las cajas de ahorros han de ser dirigidas con criterios profesionales y se reclama una disminución de los vocales políticos en sus consejos, se pretende exactamente evitar este tipo de saqueo de las instituciones cuando se imponen una financiación obligada de proyectos políticos sin rentabilidad alguna o promociones inmobiliarias dirigidas por amigos de los poderes autonómicos. Las cajas no pueden ser las ventanillas abiertas siempre para financiar a cualquier coste las ocurrencias de los Gobiernos autónomos; por esa razón, las fusiones de cajas en la misma región, sin cortapisa alguna del mercado o de gestores independientes, debe ser revisada inmediatamente por el Banco de España.

En el caso de la CAM, la investigación de sus balances debería extenderse a las relaciones entre la Generalitat valenciana y la dirección de la caja. El primer paso para evitar la impunidad de los gestores ya se ha dado al destituirlos inmediatamente. Pero, a la vista de las extrañas operaciones que están aflorando tras la intervención, parece razonable suponer que no son los únicos responsables de la quiebra de una caja que, solo para cubrir las necesidades de capital, va a exigir un saneamiento de 4.000 millones de euros. Los corresponsables políticos, si los hay, también deberían hacer frente a sus responsabilidades. Una vez conocidas las cuentas de la entidad, se entiende mejor el tortuoso caso Camps.

La CAM ofrece un muestrario de errores que deberían evitarse en el futuro mediante las modificaciones legales oportunas. Además, es una baza política para instar a las comunidades empecinadas en mantener sus cajas locales a que acepten un modelo más abierto y profesional.