Salgado ofrece un crédito ICO para aliviar las cuentas de las autonomías

La hegemonía autonómica del PP ha dado un vuelco a la correlación de fuerzas entre el Gobierno central y los autonómicos en un momento crucial dada la asfixia financiera de las comunidades. El Ejecutivo vivió ayer con apuros la agitada sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunía por primera vez desde las elecciones del 22 de mayo. Frente al respaldo que recibían las propuestas gubernamentales en citas anteriores, el Ministerio de Economía y Hacienda se topó con un voto unánime de las autonomías -incluida la socialista Andalucía- para aplazar la deuda que mantienen estas Administraciones con el Estado. Esa rotundidad obligó a Hacienda a presentar una solución que atiende, en parte, las demandas de auxilio.

Lo único aprobado sin conflicto fueron las cifras del largo plazo

El revés que sufrió el Ejecutivo durante cuatro de horas de reunión superó lo esperado. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, no logró sacar adelante la regla de gasto que había trasladado a las comunidades para contenerlo a largo plazo. "No lo he planteado [someter la regla a votación]", se defendió la vicepresidenta, que eludió valorar si el resultado de esta reunión colmaba sus expectativas.

Para subrayar los avances, Salgado optó por dar la vuelta a lo ocurrido en el Consejo: no se votó el documento de Hacienda, pero sí un compromiso por parte de todas las comunidades de presentar una regla de gasto en sus respectivos Parlamentos en el plazo de seis meses. Una votación confusa que la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, llegó a calificar, en nombre de todas las Administraciones del PP, como "churrigueresca".

Con el objetivo de que la regla sea lo más homogénea posible, los consejeros autonómicos se reunirán en septiembre y fijar unos criterios comunes. La tarea no parece sencilla, pues la larga sesión de ayer no bastó para que emergiera un mínimo consenso sobre cómo ligar el gasto al crecimiento del PIB de forma que resulte sostenible. Pese a la indefinición en que queda ese esquema, Salgado quiso dejar claro que su modelo es el que envió a las autonomías: una cifra resultante de la media de los últimos años más las previsiones de los próximos.

La principal novedad de lo acordado ayer radica en la solución imaginativa que ofreció Salgado a la deuda que tienen que pagar las comunidades por las cantidades percibidas de más en 2008 y 2009. La responsable de Hacienda no accedió a la petición del PP de aplazar el pago de esas cantidades -de cinco a 10 años-, pero ofreció una solución con efectos parecidos, aunque en principio solo para 2012. Se trata de exigir la devolución completa, pero al mismo tiempo ofrecer un crédito del ICO (Instituto de Crédito Oficial) por la mitad de ese dinero que cada comunidad tiene que reintegrar en tres años. Con el crédito las comunidades deben pagar a sus proveedores, una de las necesidades más acuciantes de estas Administraciones.

Con cifras por delante, esos créditos supondrán un total de unos 2.500 millones para el año próximo. Será el Estado el que se endeude para ponerlos a disposición del ICO y este a su vez lo transferirá a las autonomías, con su correspondiente interés. "Es una cosa voluntaria y además no constituye una solución", se quejó la consejera castellanoleonesa.

Salgado enfatizó que los objetivos de déficit entre 2012 y 2014 se aprobaron sin votos en contra, aunque con la abstención del PP. Es decir, lo único aprobado sin conflicto fueron las cifras del largo plazo. Consciente de que la impresión predominante no era la de concordia, el vicepresidente Manuel Chaves tomó la palabra para hablar de "consenso" y alegrarse porque "la sangre no haya llegado al río".