La ponencia de víctimas policiales oirá al Gobierno antes de echar a andar

La ponencia parlamentaria de víctimas de excesos policiales -vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia política, en su nombre oficial- decidió ayer que el Gobierno encabece las comparecencias que se producirán ante ella a partir de septiembre. Sus integrantes dejaron fijada una primera reunión para el 14 de septiembre. El Ejecutivo deberá informar en ella de sus avances en el cumplimiento del mandato parlamentario que recibió en marzo de cara al reconocimiento y la adopción de medidas de reparación para estas víctimas. El Gobierno tiene la misión de crear una unidad administrativa para atenderlas. También debe aprobar un decreto en el que se recojan las ayudas a que vayan a tener derecho, así como los requisitos que deban cumplir quienes quieran aspirar a ellas.

La ponencia concretó algunas de las comparencias que se producirán una vez tenga en su poder la información que facilite el Gobierno. Serán, en su mayoría, de asociaciones pacifistas y de derechos humanos y memoria histórica. Entre ellas están Amnesty International, Gesto por la Paz, Bakeaz, Unesco Etxea, el Foro de Asociaciones de Derechos Humanos de Euskadi, Gernika Gogoratuz, Argituz, Lokarri, Baketik, Bakeola o la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. La ponencia recibirá también el testimonio del presidente del Consejo de Víctimas, José Luis de la Cuesta, el anterior director de Derechos Humanos, Jon Landa, el profesor de Ética de la Universidad de Deusto Galo Bilbao y el experto en conflictos Brandon Hamber.

El PSE quiere añadir especialistas de cátedras de historia contemporánea de la universidad, del Instituto Valentín de Foronda o personalidades individuales con conocimiento profundo del contexto histórico o de realidades similares, así como asociaciones con doctrina elaborada sobre el particular. EA insistió ayer en su petición de hacer comparecer de nuevo a víctimas que ya prestaron su testimonio con anterioridad, para las que ahora pide el reconocimiento de "víctimas del terrorismo de Estado".

El PP, que no participa en la ponencia, cree que existe un intento, que tachó de "disparate", de convertirla en una especie de "comisión de la verdad", en palabras de su parlamentario Carlos Urquijo. El PP sigue viendo un deseo de "falsear y desvirtuar la realidad" y de "equiparar el terrorismo organizado y aún activo de ETA con casos puntuales de excesos policiales". Los populares sí respaldan la reparación a estas víctimas por el Gobierno.