Aguirre estudia penalizar a los alcaldes por dar servicios que no les corresponde

El Gobierno regional tiene muy claro de quién es la culpa. "La realidad", según su vicepresidente, Ignacio González, muestra que los Ayuntamientos "no se han ajustado a las competencias establecidas en la ley". Así, en su opinión, "no existen en modo alguno" las conocidas como competencias impropias: el problema radica en que los alcaldes, "de manera unilateral", han decidido en algunos casos ofrecer "de manera voluntaria" determinados servicios que no les corresponden "a cargo de sus recursos o de endeudamiento". Y ahora, con la crisis, ya no pueden hacer frente a ese coste.

González abrió ayer el turno de comparecencias ante la comisión creada hace días en la Asamblea regional para analizar posibles duplicidades en los servicios ofrecidos por el Estado, la Comunidad y los Ayuntamientos. El vicepresidente apostó por otorgar a cada Administración la "competencia plena" sobre un asunto, "penalizando" a aquellas "que se extralimiten en sus funciones" y "vayan más allá" de lo que por ley les corresponde. "Por cada competencia debe existir un único responsable y un único gestor", concluyó.

Infinita e insostenible

En su opinión, en el último medio siglo, "la tendencia generalizada" de las Administraciones fue "hacer concesiones ante las demandas de los ciudadanos", ofreciendo servicios que en principio no les correspondían, en ocasiones "buscando rentabilidad política a corto plazo". El vicepresidente aboga ahora por delimitar qué servicios básicos deben ofrecer el Estado, la Comunidad y los Ayuntamientos, pues "en muchas ocasiones" se han asentado "como derechos subjetivos de alcance universal" algunos que no lo son, con el riesgo de que la demanda ciudadana vaya a más, tan "infinita" como "insostenible".

El portavoz socialista en la comisión, Jesús Dionisio, exalcalde de Aranjuez, le respondió que los Ayuntamientos asumen servicios que no les corresponden para "cubrir vacíos" en la oferta de la Comunidad, que en ocasiones "no se entera" de las necesidades de los ciudadanos, o "no acierta". Así, los Gobiernos municipales se ven obligados en su opinión a "arañar" recursos de otras partidas. El portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, le respondió: "Los Ayuntamientos se han metido en muchas competencias porque han querido, por interés electoral o porque la gente lo pedía", cuando la obligación de un político es "no decir siempre que sí a los ciudadanos".