España amplía el caso del genocidio maya a los crímenes de género

Los delitos de genocidio, terrorismo, lesa humanidad, torturas, asesinatos y detenciones ilegales no fueron los únicos que presuntamente se produjeron durante el genocidio maya perpetrado por el Ejército guatemalteco y las ultraderechistas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) entre 1979 y 1986. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado su investigación a los crímenes de género. El magistrado considera que las 1.465 violaciones, en su inmensa mayoría de mujeres mayas, perpetradas en ese periodo, además de otras atrocidades sexuales, tenían como fin acabar con esa etnia.

Pedraz constata 1.465 violaciones de las que el 97% serían imputables a estos últimos. En el 88,7% de los casos, las víctimas eran mayas. El 62% tenía entre 18 y 60 años y otro 35% eran menores. "Muchas de ellas fueron sometidas a esclavitud sexual", relata el juez. "Las mantenían con vida para ejercer agresiones sexuales". Otras veces "eran trasladadas a cuarteles y destacamentos militares". La resolución señala la "extrema crueldad" con la que se perpetraron los crímenes. Mutilaciones, hemorragias vaginales, empalamientos, aperturas de vientres... También se produjeron contra embarazadas y niñas, incluso en presencia de familiares y miembros de la comunidad. En muchos casos provocaron la muerte de las víctimas o se las ejecutó después.

"Toda esa violencia de género fue planificada desde el entrenamiento militar, en el cual las agresiones se constituían en práctica habitual, siendo incluso ordenadas por los mandos de forma previa al ingreso ", afirma el magistrado. Su fin era "asegurar el fin de la transmisión de la cultura maya y la desaparición del grupo" provocando desplazamientos de mujeres, rupturas de matrimonios y lazos sociales y evitación de matrimonios y nacimientos dentro del grupo. Unos 500.000 mayas, en su mayoría mujeres y niños, tuvieron que desplazarse a otras comunidades y después a las montañas. Muchos murieron de hambre y frío.