La nueva ley de EPSV busca fomentar los planes de pensiones de empresa

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que pretende convertirse en un instrumento básico para asegurar la sostenibilidad del sistema de cobertura social y de las pensiones, y tiene como objetivo generalizar la previsión social complementaria entre los ciudadanos del País Vasco y fomentar de manera especial los sistemas colectivos y de empleo. El Departamento de Hacienda y Finanzas, impulsor de la iniciativa legal, se propone principalmente generalizar los planes complementarios de pensiones entre los trabajadores vascos, en un contexto en el que cada vez hay más dudas sobre la viabilidad del actual sistema público de pensiones.

Las 191 EPSV vascas suman un total de 1,2 millones de asociados

La nueva normativa pretende generalizar la previsión social complementaria

El desarrollo que han experimentado en las tres últimas décadas los planes de pensiones en Euskadi ha permitido totalizar un patrimonio en pensiones complementarias que roza los 20.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 30% del PIB vasco. La situación es muy ventajosa respecto al resto de España, donde ronda el 8,1%, aunque por debajo aún de la media UE-15 (36,6%).

La nueva normativa, que se someterá a partir de ahora al trámite parlamentario, viene a actualizar la que se desarrolló en Euskadi hace 27 años, y que se promulgó en un contexto socioeconómico muy distinto actual. Entonces se trataba de dar respuesta a unas necesidades específicas, principalmente para dar cobertura a colectivos no integrados en el régimen general y a aquellos que tenían salarios por encima de las bases y pensiones máximas. Hoy, con unas previsiones demográficas que apuntan a un progresivo envejecimiento de la población, el objetivo es garantizar un fondo de pensiones para los trabajadores de rentas medias y medias-bajas que podrían tener complicado alcanzar un nivel de cobertura digno tras su jubilación.

Con el paso de los años, los fondos complementarios de pensiones privados han alcanzado una fuerte implantación en la comunidad autónoma, aunque los últimos años se han formalizado también muchas cuentas ligadas al centro de trabajo, en las que las aportaciones corren a cargo, de manera conjunta, entre el trabajador y el empresario. Así, en Euskadi existen, a 31 de diciembre pasado, 191 entidades de previsión social (EPSV) que totalizan un capital o patrimonio de 19.258 millones, el máximo alcanzado hasta ahora. Del total, 9.855 millones corresponden a los 422.000 asociados a las 57 EPSV de empleo-empresa; otros 9.276 millones están contratados en planes individuales por parte de 733.000 personas. Las entidades con planes asociados (solamente cuatro) suman 112 millones, con 4.228 asociados, mientras que las 83 restantes entidades de previsión apenas alcanzan los 14 millones (109.000 cuentas).

Se da el caso de muchas personas que tienen abiertas cuentas individuales y, al mismo tiempo, de empresa, con lo que la cifra aproximada de ciudadanos con fondos privados de pensiones podría situarse en torno a los 800.000, según estimaciones de la consejería de Hacienda y Finanzas.

La cuantía que gestionan las EPSV están sujetas al efecto que produce la recuperación del dinero acumulado en sus planes. La crisis económica, que ha enviado al paro a numerosos trabajadores, ha podido tener su influencia en una reducción del patrimonio gestionado por estas entidades. La legislación actual permite recuperar el dinero, sin ningún tipo de penalización económica, a las personas que hayan superado los 10 años desde que abrieron la cuenta.

El Ejecutivo autonómico considera que la prestación social complementaria debe constituirse en un elemento clave que permita garantizar el mantenimiento de las pensiones públicas y afrontar de esta manera las consecuencias del envejecimiento de la población.

La aprobación de la ley vasca de EPSV se produce pocos días después de que el Congreso diera luz verde, el pasado jueves, a la reforma del sistema de pensiones, que eleva a 67 años la edad de jubilación y amplía el periodo de cálculo de las pensiones. La nueva normativa vasca regula los mecanismos de tutela y control de los poderes públicos para proteger los derechos e intereses de las personas asociadas a las entidades de previsión complementaria.

La aprobación de la ley dejará en el aire el tratamiento fiscal que tendrán este sistema de pensiones privados, una cuestión que corresponde en exclusiva a las Diputaciones forales, actualmente en manos de tres partidos diferentes -PNV en Bizkaia, Bildu en Gipuzkoa y PP en Álava-.