La decepción de los empresarios

Los empresarios no perciben que la economía española esté en una fase de recuperación; más bien se inclinan por considerar que la actividad económica está más cerca de una nueva fase de estancamiento que de una mejora. Esto es lo que se desprende de los resultados del Barómetro de Empresas de EL PAÍS correspondiente al primer semestre de este año. No es exagerado decir que en esa percepción coinciden con el resto de los ciudadanos. La recuperación se retrasa y la prolongación del periodo de crisis provoca una decepción cada vez más profunda entre la ciudadanía. No es de extrañar pues que una amplia mayoría de los empresarios consultados por el barómetro consideren que la gestión económica del Gobierno es mala o muy mala, pidan un adelanto electoral y consideren que un cambio de partido en el Gobierno de la nación contribuiría a recuperar la confianza económica. Entendiendo por confianza la que pueden depositar las instituciones financieras en la inversión española y la que pueden desplegar los agentes sociales para arriesgar dinero en nuevas empresas.

La naturaleza de este periodo de depresión económica primero y práctico estancamiento después no ha variado apenas desde 2009. Los mismos males de entonces asolan la capacidad de inversión en España: una ausencia de crédito financiero que permita sobrevivir y ampliar sus actividades a las empresas, consecuencia del deterioro profundo de una parte del sistema financiero, las cajas de ahorros; la retirada drástica de una parte sustancial de la inversión pública, decisión obligada por los compromisos de ajuste fiscal adquiridos por el Gobierno para apuntalar la solvencia; y, por fin, la presión de los costes financieros derivados de la escalada del diferencial de deuda. Si ya desde 2009 era evidente que la economía española no tenía esperanzas de recuperación económica sin una normalización previa del flujo del crédito, hoy es igualmente claro que tampoco será posible si no se reduce sustancialmente la prima de riesgo. Cualquier cálculo económico establecería sin dudar que un diferencial de 100 puntos básicos ya es alto; cuanto más los más de 370 que ha llegado a registrar en la última convulsión financiera.

No es necesario entrar en el detalle pormenorizado de la responsabilidad que hay que atribuir a cada institución del desaforado crecimiento de la prima de riesgo. Se sobrentiende que la falta de soluciones efectivas para Grecia, la carencia de instituciones de gobierno en la eurozona, un BCE desbordado que no acaba de encontrar la senda de una política monetaria adecuada para tiempos de crisis global o la práctica sin restricciones de la especulación contra las deudas soberanas son causas de mayor cuantía de la decepcionante situación de la economía española. Pero en esa urdimbre de motivos al Gobierno español y al Banco de España hay que atribuirles al menos dos. El primero es la incapacidad para resolver en tiempo y hora la reforma del sistema financiero, que era crucial para impulsar la recuperación. Este es el momento en que la reforma avanza entre malos hilvanes y sobresaltos, cuando el problema debería haberse resuelto a mediados de 2010 como muy tarde. El segundo es la facilidad del Ejecutivo para ofrecer reformas de escasa profundidad y poco efectivas. Como la reforma laboral.