De Miguel adjudicó cinco contratos forales a una empresa que controlaba

El ex número dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel, supuesto cerebro de una amplia red empresarial investigada por cobros de comisiones ilegales en operaciones de varios millones de euros vinculadas a las administraciones públicas, es, sin duda, el principal señalado por el último informe de los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza. Quien también fuera diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial alavés adjudicó al menos 5 contratos a Errexal, una compañía bajo su control a través de terceros, según apunta el informe policial. Al contrario de en otras operaciones de la trama, sí consta documentación en los archivos forales que certifica que los contratos fueron realizados.

Errexal se llevó 59.000 euros en contratos menores designados a dedo

De Miguel guardaba escaneos retocados de documentos sobre Riera Urbanizer

La compañía beneficiada, administrada por el ex edil del PNV en Leioa, Iñaki San Juan, forma parte del núcleo duro del entramado de la trama. Compartía contable, Aintzane De Miguel, hermana del entonces diputado foral peneuvista, con Kataia Consulting, epicentro de la trama de empresas pantalla. El propio San Juan se dirigía en sus correos a De Miguel como si fuese un subordinado suyo.

Errexal se llevó entre diciembre de 2007 y febrero de 2010 cinco contratos concedidos por el Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial, dirigido por De Miguel. Suman casi 59.000 euros por diversos servicios - jornadas de formación, estudio de dinamización turística de las entidades locales, y otro estudio sobre equipamientos públicos alaveses-. El informe del área de Delitos Económicos de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza señala una curiosidad sobre este último: De Miguel tenía un informe que llevaba el mismo título que el facturado a Errexal antes incluso de que la compañía lo entregase de forma oficial. El Instituto Foral de Bienestar Social pagó a su vez a Errexal 1.373,44 por organizar unas jornadas en torno a una ludoteca. La operación se facturó el 31 de marzo de 2010, apenas dos semanas después de que la Ertzaintza detuviera a los ocho primeros imputados por la causa, incluido De Miguel.

Otra empresa administrada por San Juan, Ortzi Muga, se llevó dos contratos, en junio y diciembre de 2009, por asesoramiento sobre la ruta del vino y del pescado, aunque el informe policial no aclara qué Departamento foral los concedió.

Todos los citados contratos podían adjudicarse de forma directa sin salir a concurso porque cumplían a rajatabla las condiciones para ser designados a dedo. La normativa exigía que no superasen los 12.000 euros hasta 2007 -el umbral se subió hasta los 18.000 en 2008-.

Errexal y Ortzi Muga, además de Kataia, están también en el ojo del huracán por varios contratos menores adjudicados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, que suman unos 200.000 euros -en su mayoría, no consta rastro documental que certifique su realización-. Fueron autorizados por el entonces director de Juventud Xabier Sánchez Robles, que forma parte del listado de 18 exdirigentes, excargos públicos, militantes y simpatizantes del PNV imputados por el juez Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria.

El equipo investigador sigue encontrando hilos de los que tirar para destapar los diversos modus operandi de una trama que extendía sus tentáculos a lo largo de todo el territorio alavés, y en algunos casos hasta Bizkaia. El juez investiga ahora si la trama falsificó formularios de la Hacienda foral alavesa.

Entre la documentación incautada, la Ertzaintza descubrió en el ordenador portátil de De Miguel en la Diputación copias escaneadas del formulario en el que las compañías deben declarar los movimientos de dinero superiores a 3.000 euros. Estaban a nombre de Riera Urbanizer, promotora de la fallida macrorecalificación de Zambrana. Estos incluían las compras declaradas ante Hacienda Foral en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Una empresa controlada por De Miguel, Kataia Consulting, cobró 180.000 euros por la supuesta realización de unos informes vinculados a la operación urbanística que aún no consta que fuesen realizados.

La diferencia entre los documentos encontrados en el ordenador de De Miguel y los que la Hacienda foral conservaba en sus archivos estaba en que los primeros tenían oculta la cabecera, que incluye el órgano emisor (Dirección de Hacienda) y la identificación del modelo de declaración, del contribuyente, del ejercicio al que se refiere la declaración y la fecha en que se ha emitido el documento. Una de las pistas que maneja la investigación es que los documentos retocados fueron creados a las 13.54 del 24 de julio 2007 por un escáner Canon IR 3035.

En el auto del pasado 11 de julio, además de citar como imputados para después del verano a gran parte de los implicados en la trama, el juez solicitó información a la Diputación para esclarecer quién pudo crear los citados documentos o acceder al sistema informático para ello.