Camps deja una Generalitat en crisis

El Consell que Francisco Camps constituyó hace apenas un mes, después de ganar por tercera vez unas elecciones autonómicas, tenía una tarea apremiante, debido a la crisis económica y a todos los problemas pendientes acumulados después de dos años de convulsiones causadas por los escándalos de corrupción. En eso coincidía todo el mundo, la oposición, los empresarios, los agentes sociales y la sociedad civil. Ha sido, sin embargo, el Gobierno más breve de la historia de las instituciones democráticas valencianas. El Consell que debía afrontar la crisis con determinación entra en crisis a causa de la dimisión de su presidente sin que sus componentes hayan llegado a exponer ante los diputados de las Cortes Valencianas sus programas y propuestas; aunque el futuro presidente, Alberto Fabra, haya garantizado su continuidad, de momento.

El Consell ha estado ausente desde que estalló la galopante crisis económica

La impotencia ante la crisis financiera ha sido maquillada con el victimismo

Alberto Fabra hereda un Consell hecho a la medida del dimisionario

Da una idea de la magnitud de los asuntos que ha de abordar la Generalitat que el propio Camps, en su discurso de investidura, hace poco más de un mes, anunciara recortes por importe de 1.150 millones de euros, así como nuevas privatizaciones de servicios. La segunda de las legislaturas presididas por Camps se había iniciado en 2007 con unas perspectivas de euforia absoluta, promesas de pleno empleo y un anuncio impactante en la política de grandes eventos, la celebración de una prueba de fórmula 1 en un circuito urbano en Valencia. Sólo dos años después, en febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel y salpicó de lleno a Camps y a la cúpula del PP valenciano, el panorama había cambiado completamente. Desde entonces, Camps y su Consell demoraron la adopción de medidas de saneamiento y ajuste de la Generalitat, lo que ha supuesto la pérdida de un periodo clave para afrontar la realidad de una comunidad con niveles de paro superiores a la media española, una deuda autonómica de 17.600 millones de euros, que supera por mucho la cifra del presupuesto anual, y todo un rosario de impagos a acreedores que han puesto en evidencia las dificultades financieras de la Administración pública.

La debacle económica ha barrido la Comunidad Valenciana en todas direcciones y el Consell que hasta ayer presidía Francisco Camps ha estado las más de las veces ausente. Mientras el presidente concentraba toda su atención en su defensa frente a las acusaciones de haberse dejado sobornar por los componentes de una trama de corrupción que tuvo acceso a millonarios contratos de la Generalitat, la Comunidad Valenciana sufría los peores efectos de la crisis. Una parte de la industria manufacturera que competía porque producía a costes más bajos que los fabricantes italianos había sido barrida por la liberalización comercial y el acceso global a mercados con costes laborales irrisorios. De 2007 a 2010, la destrucción del tejido empresarial valenciano fue elevada y la cifra de empresas activas cayó un 4,4%, porcentaje muy superior al 1,36% que arrojó en el periodo la media española, según los datos del INE.

Pero el impacto más dramático ha tenido y tiene rostro humano. El boyante mercado laboral valenciano registraba en 2007 una tasa de paro del 8,55%, ligeramente por encima del 8,47% que era la media española. Pero en Castellón bajaba hasta el 6,41%, muy cerca del pleno empleo técnico que los expertos cifran en un paro del 5%. La autonomía que ahora deja Camps tiene menos ocupados que en 2007 pese a que la cifra de trabajadores en activo no ha dejado de crecer. Y el paro se ha triplicado en estos años.La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2007 mostraba que en la Comunidad Valenciana había 2,18 millones de ocupados, cifra que ha caído y no llega a 1,9 millones en el primer trimestre de 2011. Por el contrario, el número de parados ha pasado de los 200.000 de hace cuatro años a rozar ahora los 600.000. Y la tasa de paro se ha disparado hasta el 24,12%.

El Gobierno valenciano ha asistido al seísmo sin apenas capacidad de reacción. Durante los años de bonanza se sumó a la fiesta del crédito fácil, y la deuda pública nunca dejó de crecer. Camps cerró su primer ejercicio como presidente de la Generalitat con una deuda cercana a los 8.000 millones de euros. A finales de 2010, la deuda alcanzó los 17.600 millones de euros.

La hipoteca de las empresas públicas creció en paralelo desde los 1.500 millones de euros que sumaban a finales de 2003 hasta 3.000 millones de euros a finales de 2010.

Los presupuestos de la Generalitat no han permitido tampoco excesivas alegrías. La nómina de los empleados públicos y los gastos fijos asociados a los servicios de Sanidad, Educación y Bienestar Social consumen la inmensa mayoría del dinero formalmente disponible. Gerardo Camps, ex vicepresidente económico del Consell, anunció en enero de 2009 el denominado Plan Confianza, que estaba encaminado a paliar la virulenta destrucción de empleo valenciano y que se financiaría con un crédito específico.

Camps presumió de que la Generalitat había sabido reaccionar a tiempo, a diferencia del Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, al inyectar 1.700 millones de euros para mover la economía. Pero la Sindicatura de Comptes cifró en 343 millones el gasto asociado al Plan Confianza en el año 2009. Y el propio Gerardo Camps asumía el pasado mes de febrero que apenas había pagado 138 millones de euros de una partida de 1.020 millones destinada a financiar inversiones productivas en los municipios valencianos.

La crisis financiera internacional ha complicado todavía más la situación de la Generalitat Valenciana. A lo largo de casi todo el año 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas no pudo vender deuda en los mercados institucionales. En octubre pasado forzó a Bancaja y a la CAM a comprar una emisión de 1.000 millones de euros. En diciembre recurrió a una emisión de los llamados bonos patrióticos, dirigidos a particulares, que debía cubrir las deudas acumuladas con diversos proveedores de la Administración autonómica. Pero esas deudas nunca llegaron a saldarse, como prueba la proliferación de asociaciones y federaciones patronales que reclaman el pago de facturas pendientes desde hace años.

La impotencia ante la gravísima crisis financiera que acosa a la Generalitat, sin embargo, ha sido maquillada con el recurrente recurso al victimismo. Y con un chivo expiatorio, José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en el origen de todos los males que afectan a los valencianos.

De la parálisis que ha experimentado el Consell en los últimos años se ha derivado, en buena medida, el espectáculo que han protagonizado las cajas de ahorros valencianas, emplazadas en un momento dado a una fusión que nunca llegó a nada. Con Bancaja embarcada en la creación de Bankia y la CAM en la perspectiva de ser controlada por el Banco de España a la espera de una subasta, las entidades financieras valencianas se han esfumado.

La economía, desde luego, no ha sido el único frente en el que la ejecutoria de Francisco Camps al frente del Consell ha mostrado su parálisis estos últimos años. Los constantes conflictos en el ámbito de la educación y el aislamiento del titular del Gobierno valenciano en el seno de su partido han llevado a una situación de emergencia que en las pasadas elecciones autonómicas de mayo marcó los programas de todos los partidos, con referencias a la necesaria austeridad, el ahorro y el saneamiento de la Administración autonómica.

Alberto Fabra, designado ayer mismo por el PP sucesor de Camps al frente del Consell, anunció que mantendrá la alineación que hizo el ya expresidente de la Generalitat hace apenas un mes. Se trata, sin embargo, de un Ejecutivo hecho a la medida del dimitido jefe del Consell, en el que prescindió de pesos pesados que le habían acompañado durante las dos anteriores legislaturas, hizo algún fichaje técnico e incorporó gente de su confianza como la consejera portavoz, Lola Johnson.

Trabajar con un Gobierno heredado no es, precisamente, la mejor de las opciones que puede esperar Alberto Fabra. El futuro presidente del Consell tal vez espere a que se enfríe la polémica que ha rodeado el mandato de Francisco Camps al frente de la Generalitat para conformar un equipo propio. La estabilidad del Consell, a medio plazo, no se presenta muy clara.