El Gobierno prepara un plan para la inserción laboral de 600.000 parados

Los parados sin formación corren el riesgo de quedar ajenos a la ansiada recuperación del mercado laboral. Consciente de ese peligro, el Gobierno prepara un plan para insertar en el mundo laboral a unos 600.000 jóvenes sin estudios, el 12% de los actuales desempleados. Se trata de ofrecer programas formativos a esos parados para que adquieran una cualificación que les facilite una ocupación. El Ministerio de Trabajo busca algún estímulo (económico o de otra índole) que anime a estos jóvenes a participar en los programas, según fuentes del Ejecutivo. Si hubiera remuneración de por medio o si la formación fuese intensiva, los beneficiarios del plan abandonarían las listas del paro, lo que contribuiría a aliviar las cifras, al menos a corto plazo.

El colectivo corre el riesgo de quedar al margen de la recuperación

Los contratos temporales podrán volver a convertirse en fijos de 33 días

La pretensión inicial del Gobierno consistía en buscar una especie de renta que incentivara a estos jóvenes sin titulación a formarse. Pero las estrecheces presupuestarias han llevado a Trabajo a reconsiderar la idea. Este departamento contaba con un colchón de gasto en desempleo que previsiblemente no se consumiría. Pero con los indicios más que razonables de que muchas comunidades autónomas sobrepasarán su objetivo de déficit este año, el Gobierno insta a todos los departamentos a ahorrar cualquier posible partida que quede por debajo de lo previsto. El objetivo es compensar -como ocurrió el año pasado- las desviaciones de déficit que arrojen las autonomías.

Con esas limitaciones, Trabajo estudia qué tipo de incentivo puede introducir y si cabe esa posibilidad de una remuneración por participar. Más allá del indudable beneficio al parado, configurar el programa con una renta asociada o como formación intensiva (un mínimo de 400 horas al año o el equivalente para periodos más cortos) permite sacar a ese colectivo de las listas del paro en la mayoría de los casos. Al no estar en disposición de aceptar un empleo, los servicios públicos no los consideran desempleados mientras dure el programa. Con la cota de paro rozando los cinco millones de personas, el 21% de la población activa, cualquier incidencia en esa abultada cifra resulta relevante, máxime con las elecciones en el horizonte.

De todos los parados, el colectivo compuesto por los jóvenes sin formación preocupa especialmente. "Es uno de los problemas más graves, pues corre el peligro de hacerse crónico", aseguran fuentes gubernamentales. Para conseguir que estos parados tuvieran ya una certificación acreditada cuando la reactivación del empleo comience a consolidarse, la formación debería ofrecerse en un periodo relativamente corto, preferiblemente a través de dos canales ya existentes: formación profesional o formación para el empleo.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, se reunió ayer con empresarios y sindicatos para plantearles las tareas pendientes en la mesa de empleo, entre ellas este plan para jóvenes. El Gobierno confía en contar con los agentes sociales en esta suerte de segunda reforma laboral, pero estaría dispuesto a sacar adelante las medidas sin esos apoyos. Respecto al escaso tiempo disponible para aprobar cualquier novedad, las mismas fuentes aseguran que casi ninguna medida requiere cambios legales, con lo que la tramitación sería ágil.

Otra de las decisiones que deberá adoptar Trabajo en pocos días corresponde a la renovación o no del programa Prepara, la renta de 400 euros que reciben ahora unas 100.000 personas que participan en programas de formación. El plan, heredero de los 426 euros que se otorgaban antes a parados sin rentas que hubieran agotado prestación y subsidio, se aprobó en febrero para un periodo de seis meses que concluye en agosto. Los sindicatos han pedido que se prorrogue, aunque las directrices de Economía para ahorrar al máximo ponen en cuestión su mantenimiento.

Más allá de estas dos cuestiones aún inciertas, Trabajo puso ayer sobre la mesa otros proyectos más perfilados. El principal consiste en una nueva regulación del empleo a tiempo parcial que aumenta la protección social y aumenta la flexibilidad de jornada para los contratos indefinidos. Otra de las tareas pendientes es dar carácter permanente a la financiación del despido que hace ahora el Fondo de Garantía Salarial para todas las empresas. Este fondo público, nutrido con aportaciones empresariales, seguirá pagando una parte de los despidos económicos, aunque el Gobierno quiere acotarlo solo a los procedentes.

Además, se pretende que cualquier contrato temporal pueda convertirse en el indefinido con despido más barato (33 días por año), como ocurría hasta diciembre de 2010. Trabajo estudia también un modelo dual que combine empleo y formación, similar al que existe en Alemania.