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El juez imputa a un delegado de Ipar Kutxa, Arruti y la contable de De Miguel

La Ertzaintza secunda la tesis de una trama empresarial que encubre comisiones

El juez Roberto Ramos, titular del juzgado número 4 de Vitoria, ha citado como imputados por la presunta trama corrupta del caso De Miguel al responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, al peneuvista Josu Arruti, administrador de Sidepur, empresa vinculada a la fallida macrorecalificación de Zambrana, y a la hermana del exdirigente del PNV Alfredo De Miguel, Aintzane. Estos tres nombres se suman al adelantado ayer por este diario, el constructor Prudencio Hierro. Además, el juez vuelve a citar para después del verano a gran parte de los imputados anteriores, una lista que incluye exdirigentes del PNV, excargos públicos del partido, así como militantes y simpatizantes.

El magistrado vuelve a citar a varios de los imputados para después del verano

El magistrado da un salto cualitativo en la investigación gracias al informe elaborado por el Área de Delitos económicos de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, entregado en las últimas semanas, que secunda la tesis manejada durante la investigación: En el auto, con fecha 11 de junio de 2011, al que ha tenido acceso este diario, el juez constata la existencia de una presunta "trama por parte de diversas personas con altas responsabilidades administrativas y políticas que pudieran estar usando sus cargos para conseguir el pago de comisiones de las entidades que obtienen adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos" con los que los imputados tenían relación.

De las diligencias practicadas, se deduce que un amplio abanico de empresas detectadas a lo largo de la instrucción pudieron servir de tapadera para enmascarar determinadas actividades delictivas. El juez considera que lo ocurrido, sin perjuicio de la posterior calificación penal de los hechos cuando la instrucción esté terminada, podría constituir delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, alteración del precio en concursos y subastas públicas, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental.

El auto sitúa a Kataia Consulting como "empresa pantalla utilizada para canalizar las comisiones que ilícitamente se pudieran obtener", todo dentro de una red que abarca a más de una decena de compañías. Entre las mencionadas están Errexal y Ortzi Muga, administradas por el ex edil del PNV en Leioa, Iñaki San Juan, que junto a Kataia cobraron diversas facturas al Departamento de Cultura "que por el momento no consta que se correspondan con trabajos reales y efectivamente realizados". O Sidepur, que pagó a empresas vinculadas a De Miguel cerca de 200.000 euros por unos supuestos informes técnicos en torno a una fallida macrorecalificación en Zambrana que el exdiputado foral insistió en sacar adelante contra viento y marea.

También recuerda la compra de terrenos en Frúniz por parte de Kataia y alguno de los imputados. La operación se realizó gracias a un préstamo de Enginergy, relacionada con el grupo que adquirió opciones de compra sobre los terrenos de Zambrana por varios millones de euros -el citado grupo está encabezado por Riera Urbanizer, que contrató durante un periodo al también exdirigente del PNV, Aitor Tellería-. El auto menciona, además, Gestión de Recursos Baio, administrada por el constructor Prudencio Hierro y las diversas empresas del grupo Loizate, cuyo cabeza visible es el también imputado Jon Iñaki Echaburu.

La presunta responsabilidad de los nuevos citados como imputados es variada. Larrabide es responsable de Ipar Kutxa en Álava, entidad financiera que aparece en varias de las ramas de la trama, tanto en la operación del parque tecnológico de Miñano como en la de Zambrana. Arruti no ha podido explicar los pagos de Sidepur al entorno De Miguel en la rama de Zambrana -alega que no pudo presentar los supuestos informes encargados porque su oficina se inundó-. Y Aintzane De Miguel llevaba la contabilidad de Kataia Consulting y otras empresas de la trama. En todo caso, el juez ha optado por citarles como imputados para que tengan más garantías y cuenten con asistencia letrada.

El juez parece dar por cerrada la investigación por los contratos en Cultura y el supuesto intento de extorsión en torno al parque tecnológico de Miñano -no vuelve a citar a algunos de los implicados en ambas-. Pero sí vuelve a convocar a los imputados supuestamente implicados en las demás ramas: De Miguel, Tellería, Koldo Ochandiano y sus respectivas esposas; Jon Iñaki Echaburu, exsocio de la abogada que destapó el caso, Ainhoa Alberdi, al denunciar que De Miguel y Tellería le exigieron que compartiera con ellos los 420.000 euros que cobró por asesorar en la ampliación del parque tecnológico alavés. El auto es recurrible.

El PNV, en la mira

El PNV, y en concreto su rama alavesa presidida por Iñaki Gerenabarrena, vuelve a encontrarse con las cosas cuesta arriba con el regreso a la primera línea del caso De Miguel , apenas días después de que perdiera la Diputación de Álava tras saltar por los aires la negociación con EB. La lista de imputados por esta presunta trama corrupta sigue creciendo a medida que avanza la instrucción.

Mientras tanto, el exdirigente de la Ejecutiva Alavesa, Aitor Tellería, y dos agentes de la Ertzaintza ya han asumido que tendrán que sentarse en el banquillo por la presunta trama de espionaje a político.

La dirección alavesa del partido parece querer poner tierra de por medio entre sus siglas y los nuevos imputados. Ayer mismo, el Araba Buru Batzar emitió un comunicado desmintiendo que el constructor Prudencio Hierro, también citado como imputado, fuese el encargado de la remodelación de la flamante sede del partido adquirida en una operación orquestada por De Miguel. Hierro incluyó en el currículum de varias de sus empresas la reforma del edificio y administró durante años la compañía familiar que participó en las obras.

En el Parlamento

Los trabajos de la comisión de investigación del Parlamento vasco sobre los supuestos casos de corrupción y espionaje vinculados a exdirigentes y militantes del PNV se prolongarán después del verano. Han decidido citar a otras ocho personas y pedir más documentación sobre ambos casos. No obstante, se espera que el informe definitivo de la ponencia pueda llevarse a pleno antes de fin de año. Así lo explicó el presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala (EA).

Las comparecencias de ahora, a grandes rasgos, serán más bien para completar los huecos dejados en la investigación. A cinco de estas personas se les pedirá información sobre la compra de terrenos en Santurtzi. Otras dos comparecencias guardan relación con el supuesto espionaje, mientras que otra se enmarca en las indagaciones sobre presuntas irregularidades en contratos del Parque de Miñano. Las comparecencias se celebrarán los días 7, 12 y 16 de septiembre. La comisión también ha solicitado contratos menores realizados por el actual Gobierno vasco para "comparar" los procedimientos actuales con los llevados a cabo durante la etapa del tripartito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de julio de 2011

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