El dueño de Martinsa no convence al juez Pedreira

El 14 de julio de 2008 Fernando Martín, máximo accionista de Martinsa y expresidente del Real Madrid, vio cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización de su promotora. Esta decisión se convirtió en el preludio del concurso de acreedores de Martinsa, una de las constructoras con mayor volumen de negocio de España. Ayer, justo tres años después de ese 14 de julio fatídico, Fernando Martín abandonaba a las once de la mañana la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como imputado en el caso Gürtel. El magistrado que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, le atribuye la presunta autoría de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El magistrado mantiene la imputación para el empresario

La investigación de la policía judicial resalta que Martín pudo haber pagado una comisión ilegal de 12,8 millones al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. De confirmarse este soborno, se trataría del mayor pelotazo de Correa. La policía relaciona esta comisión con otra de 12 millones -los investigadores aún desconocen el objetivo de este pago-, por lo que la mordida total superaría los 24 millones. El principal accionista de Martinsa se negó a declarar ante el juez, pero a la salida defendió ante los medios de comunicación su actuación en Arganda del Rey. "La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", afirmó, y añadió que sobre ese tema ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente.

Martín fue citado para que explicara si había pagado 12,8 millones desde una cuenta en Suiza a Francisco Correa a cambio de que este intermediara en la adjudicación de una parcela por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Entonces el alcalde era Ginés López, que dimitió tras su imputación en la causa. El terreno estaba valorado, como ayer recordó la portavoz del PSM en Arganda, Victoria Moreno, en 98 millones. Pero Martinsa se lo llevó por 77 millones, 21 millones menos. La policía considera que la valoración del terreno fue muy baja. Apenas dos años después de resultar adjudicatarios de las parcelas, en las que estaba prevista la construcción de unas 2.000 viviendas, Martinsa vendió solo un tercio de los terrenos adquiridos por 73 millones.

A través de un comunicado, Martín aseguró que se acogió a su derecho a no declarar por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso. En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se hizo con transparencia.

Tras el paso de Martín por el tribunal, fue el turno de otro empresario: Amando Mayo. Según el sumario del Gürtel participó en el pago de 12 millones a Correa, y también en la comisión presuntamente pagada por Martín.

En su declaración reconoció haber transferido dos millones de euros a Martín aunque para una inversión diferente, según precisaron fuentes del caso. Mayo aseguró que el dueño de Martinsa le debe dos millones. Además, tiene una deuda de cuatro millones con otro de los imputados, el empresario Manuel Salinas. El juez ha mantenido la imputación a Mayo como presunto autor de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, que también estaba citado, se negó a declarar como imputado por el delito contra la Hacienda Pública. Por ello Pedreira le sigue atribuyendo este delito, a los que hay que sumar los de blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho.

El último en acudir fue el empresario José Luis Ulibarri. Su abogado señaló que su defendido pagó a Hacienda los impuestos derivados de la venta de una finca en El Escorial a Correa, a pesar de que el juez no tiene constancia de ello.