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Telefónica abre la vía para que las empresas costeen el paro de sus ERE

Trabajo autoriza el ajuste de la operadora para 6.500 trabajadores

Telefónica ya tiene su expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado y sellado. Y el Gobierno puede por fin apuntarse un tanto en materia laboral. El Ministerio de Trabajo autorizó ayer el ajuste por el que Telefónica despedirá hasta un máximo de 6.500 trabajadores de su plantilla en España hasta 2013.

Un expediente más de los miles que se han aprobado desde que comenzó la crisis, si no fuera porque se trata del primero en el que la compañía se va hacer cargo de los costes del desempleo de los trabajadores que manda al paro. De esta forma, se abre la vía para que el Estado obligue a todas las empresas con beneficios a asumir todos los gastos en caso de ERE hasta que los despedidos alcancen la edad de jubilación.

La compañía creará un fondo de 350 millones para políticas de empleo

El ministro de Trabajo reivindica la medida como un éxito del Gobierno

Telefónica creará un fondo con 350 millones para reintegrarle al Inem las prestaciones de desempleo que reciban los trabajadores en los dos primeros años tras su despido.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no dudó ayer en reclamar esta medida como un éxito personal. Desde luego nadie puede negar el empeño que ha puesto el ministro en que el Estado no corriera esta vez con los gastos. Desde el mismo día en que Telefónica anunció el ERE en la conferencia de inversores que celebró en mayo pasado en Londres, el ministro mostró su rechazo más rotundo contra la medida.

Gómez argumentó que una empresa con beneficios -la operadora ganó más de 10.000 millones de euros en 2010- no podía aligerar su plantilla cargando sobre el Estado y el contribuyente una parte importante de los costes de los despidos.

El ministro no se conformó con la promesa verbal de la dirección de Telefónica de que asumiría ese coste. Y forzó la introducción de una enmienda en la ley de reforma de pensiones que obligaba a las empresas con beneficios a compensar al Estado por el coste de las prejubilaciones. Además, precisó que esta reforma se aplicaría con carácter retroactivo a partir del pasado 27 de abril.

Además de la presión sobre Telefónica, Gómez también contó como aliados con los sindicatos mayoritarios en la empresa, y en particular de CC OO, que pusieron como una condición inexcusable para pactar el ERE con la empresa la exigencia de Trabajo.

El ministerio, en una nota de prensa, celebró ayer la recaudación de esos 350 millones, que irán a parar a la creación de un fondo para políticas activas de empleo, así como el hecho de que las condiciones del ERE hayan sido pactadas con los sindicatos.

Trabajo también se felicitó porque la empresa haya reducido el número de trabajadores afectados por el ajuste de 8.500 a 6.500. En este caso, el mérito no corresponde al Gobierno ni se trata de una concesión de la empresa. Incluso los sindicatos, aunque no lo reconocieran expresamente, preferían un ERE mayor, dada la situación económica actual y las buenas condiciones de salida. Esa reducción de produjo porque a Telefónica, al tener que abonar el desempleo, se le disparó el coste presupuestado para el ajuste.

El coste total del ajuste de plantilla rondará los 2.600 millones de euros (más el pago del desempleo), en lugar de los 3.400 millones que le hubiera costado el plan original planteado. La operadora se ha comprometido a llevar a cabo un plan social y crear unos 450 nuevos puestos de trabajo, así como un plan de becas que beneficiará a unos 4.000 jóvenes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de julio de 2011