El gran ajuste pendiente

Casi tres años después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, alentada por los Gobiernos del PP y tolerada durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, el mercado de la vivienda sigue siendo el gran problema de la economía española. La venta de casas, pisos e inmuebles está paralizada, la construcción es responsable de la pérdida de más de un millón de empleos y su aportación al crecimiento sigue siendo negativa. El tenebroso panorama de la construcción ha recibido recientemente confirmación estadística: en 2010 quedaban casi 700.000 viviendas nuevas por vender mientras que las instituciones financieras, como consecuencia del colapso del mercado, acumulan más de 65.000 millones de euros en inmuebles o suelo que el mercado es incapaz de absorber.

Desde que empezaron a percibirse los primeros síntomas del crash inmobiliario en España se advirtió que la única solución al empacho de vivienda (en 10 años se iniciaron más de 5,5 millones de pisos en una explosión de irracionalidad que suponía que el mercado lo absorbería todo y los precios nunca bajarían) era un ajuste rápido y profundo de los precios. El entonces vicepresidente Solbes explicó, con fundamentadas razones, que cuanto más deprisa bajaran los precios antes se disolvería la crisis y antes el sector de la construcción podría recuperar un ritmo de funcionamiento capaz de crear empleo. Este criterio exige, además, un cierto compromiso político para no favorecer la creación de una nueva burbuja, por lo cual se adoptó la decisión de eliminar las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda.

Pero el ajuste no se ha producido de forma rápida ni profunda. De hecho, en los últimos dos años se ha apoyado sencillamente en dejar de construir, de forma que el ritmo de absorción de las viviendas terminadas es tan lento que el mercado puede tardar un lustro en recuperarse. Los precios apenas han caído un 16% (como media) cuando, dado el enorme stock sin colocar, parece necesario hundir los precios en torno al 40%. Esto es más fácil de decir que de hacer. Los particulares se niegan a depreciar el valor de sus activos inmobiliarios y los bancos entienden que una caída rápida del valor deterioraría un poco más sus balances, incluso aunque en sus cuentas aparezca provisionada una parte de los inmuebles embargados.

No hay incentivos para bajar los precios. Y menos cuando se observa que el aspecto más delicado de la relación entre el mercado financiero y el inmobiliario está en el riesgo de aquellas sociedades inmobiliarias que están siendo sostenidas por bancos y cajas simplemente para que su desplome no imponga nuevas e insostenibles cargas de pisos embargados a las instituciones financieras. Los promotores y constructores piden fórmulas imaginativas para acabar con este colapso de ladrillo que asfixia las opciones de crecimiento económico. Pero la solución más eficaz es bajar los precios. Y de esas soluciones imaginativas debería descartarse cualquier subvención directa o indirecta.