Los 'intrusos' evitan declarar
La juez Mercedes Alaya empezó ayer a tomar declaración a los primeros tres intrusos de los 72 detectados en los ERE presuntamente fraudulentos aprobados por la Consejería de Empleo. Por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla pasaron los militantes del PSOE Juan Manuel López Espadas, José Acevedo y José Antonio García Prieto. Los tres se acogieron al derecho de no responder a las preguntas de la juez y el fiscal y se limitaron a ratificar su declaración ante la policía, en la que admitieron haber estado cobrando prejubilaciones de empresas en las que nunca había trabajado.
A García Prieto, exconcejal y exsecretario de política municipal del PSOE en Camas que figura en el ERE de Intersur, Alaya le imputa cinco delitos de tráfico de influencias y cinco de prevaricación "en su condición de extraneus" (al no ser funcionario). A Acevedo, cuñado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, y a López Espadas, militante socialista, la juez les imputa un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
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