La Fiscalía del Supremo dice que las actas de la Junta son reservadas

La juez que investiga el caso del fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público remitió ayer al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el contencioso planteado por la Junta de Andalucía sobre las actas de los Consejos de Gobierno.

Tres meses después de que el Ejecutivo autónomo formulara este pulso, la instructora Mercedes Alaya dictó un auto el día 6 en el que deja en manos del Supremo la decisión última de si puede acceder a las actas del Gobierno andaluz desde 2001 hasta ahora. El día anterior, la Audiencia de Sevilla había instado a la magistrada a devolver las 480 actas que se guardan en sobres lacrados en un armario blindado en los juzgados de guardia de Sevilla custodiado por la Guardia Civil. La Junta las recuperará el próximo lunes.

La fiscalía sostiene que la juez "invade" competencias del Ejecutivo

El Gobierno recuperará el lunes los sobres con las 480 actas

El Ejecutivo entiende que esta información es reservada, pero sobre todo, cree que solo él es el que tiene la facultad de decidir cuándo la hace pública, en virtud de la ley de Gobierno. Por eso ha planteado el conflicto de jurisdicción, para que sea el Supremo el que diga lo que hay que hacer.

Esta tesis la comparte también el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas quien, en un escrito de fecha 29 de junio remitido a la sala de conflictos de jurisdicción, opina que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamación de las actas del Consejo de Gobierno "porque estaría invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuación "al margen del principio de proporcionalidad".

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal sostiene que las actas "deben ser consideradas como materia reservada", opinión que basa tanto en la ley de Gobierno de la comunidad, como en la ley de Secretos Oficiales, por lo que sostiene que "únicamente podrán hacerse públicos en la forma y en el momento" en que lo decida el Gobierno andaluz.

No obstante, el fiscal sugiere al juzgado que investiga el caso de los ERE que solicite no "la entrega indiscriminada" de las actas, sino los acuerdos aprobados por el Gobierno. Esta información está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la propia web de la Junta, donde hay un histórico de las reuniones del Gobierno andaluz.

La juez Alaya lleva 30 meses investigando el fraude en los ERE, pero todavía no ha culminado alguna de las ramas de la instrucción que se inició con el caso Mercasevilla. ¿Por qué la juez quiere las actas? Porque entiende que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas para pagar las prejubilaciones, más rápido pero con menos controles previos, permitió el fraude.

Y quiere saber si en las reuniones de los Consejos de Gobierno se obviaron o trataron los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía que el trámite escogido prescindía "de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley". Alaya considera que a través de las actas puede averiguar si se produjo "alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público" por consentir una situación "patentemente ilegítima" como, en su opinión, apuntaba los informes de la Intervención.

En el auto conocido ayer en el que da su brazo a torcer, la magistrada no señala nada nuevo a otros escritos judiciales anteriores. Pero sí hay tres aportaciones llamativas. En primer lugar, la titular del juzgado de lo penal número 6 de Sevilla cita directamente, aunque no por su nombre, a José Antonio Griñán. Alaya se deja de insinuaciones, como en otros autos, y sostiene que la Intervención General informó -"ha puesto de manifiesto" son sus palabras- de los reparos al "consejero de Economía y hoy presidente de la Junta de Andalucía", entre otros.

El Gobierno andaluz siempre ha mantenido que el informe de la Intervención no llegó ni a la mesa del consejero ni del Consejo de Gobierno porque no era necesario. Los reparos de la Intervención al procedimiento para dar dinero público a los prejubilados de empresas en crisis no derivaron en lo que se llama un informe de actuación, una especie de código rojo que hubiera hecho saltar todas las alarmas.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dio una rueda de prensa muy sorprendente en la que se puso de cortafuegos y en la que dijo que ella, cuando era viceconsejera de Economía, nunca informó a Griñán de los informes de la Intervención sobre los ERE.

En segundo lugar, la juez Alaya elucubra con la existencia de "informes orales" de los consejeros y que "en el supuesto de que existan" esos informes no son secretos ni reservados.

Fuentes de la Administración mostraron su relativa sorpresa por esta afirmación de Alaya, ya que en el caso de que haya un informe verbal este aparecería en las actas recogido como un enunciado.

Y en tercer lugar, la magistrada no descarta pedir cuando "sea posible" y resulte "pertinente" los documentos reservados incorporados a las actas de los Consejos de Gobierno. "Por el momento" esta información no le es necesaria.