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Los altos cargos del Estado se reducen al nivel de 1999

La Administración central pierde empleados por primera vez en 7 años

Manuel V. Gómez

Rebaja del déficit, control de la deuda pública, menos gasto. En definitiva, austeridad. Este principio que guía, con especial énfasis, la política fiscal del Gobierno en los últimos dos años, ha acabado por reducir el número de altos cargos de la Administración pública estatal (civil, militar, justicia y Seguridad Social; sin contar comunidades ni ayuntamientos). En 2008, se tocó techo, 409; apenas dos años después, había 340, el número más bajo desde 1999. El recorte presupuestario también ha ido más allá de la cúspide y ha llegado al conjunto de la Administración. El año pasado el número total de empleados públicos cayó, por primera vez desde 2004, a 628.384, según los datos del Ministerio de Economía.

Hay 76.000 funcionarios más desde que gobierna Zapatero

Este punto de inflexión no es baladí. En los últimos siete años, el número de trabajadores en la Administración pública estatal ha crecido en 76.000 personas, un 13%. El primer año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la cifra bajó hasta los 551.546. Desde entonces, no ha hecho que más crecer de forma incesante, hasta tocar techo en 2009.

Esta rebaja es lógica teniendo en cuenta las medidas de austeridad en personal que ha impuesto el Ministerio de Economía y Hacienda. Por ejemplo, a comienzos de 2010 el departamento que dirige Elena Salgado anunció que en la oferta de empleo público solo se repondrían el 10% de las vacantes. Lo aprobado para este año, lleva a suponer que la tendencia a la baja se mantendrá en los próximos años.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno asumió compromiso electoral de aumentar la plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así en los últimos años, el departamento del Estado que más ha visto crecer el número de empleados en términos absolutos es el Ministerio de Interior. De los 182.768 trabajadores con los que contaba en 2003, al cierre de 2010 tenía 218.439, apunta el informe de personal que elabora cada año la Intervención General del Estado.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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