Tormenta en la SGAE

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigación sobre apropiación indebida y delitos societarios, reabre de manera dramática el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunción de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigación plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexión urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gestión en España, que ya fue denunciado el año pasado y no precisamente desde los márgenes de la sociedad. La Comisión Nacional de la Competencia defendió en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para "evitar abusos e ineficiencias". La Comisión no suponía la comisión de delitos, pero mostraba preocupación por su opacidad.

Responsabilidades penales aparte, urge repensar el modelo de gestión de los derechos de autor

La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creación de estas entidades -en un sentido que "favorezca los intereses generales"-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorización de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacción de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a raíz de un recurso de los Gobiernos vasco y catalán, consagró que la fiscalización era competencia autonómica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno español, en 2008 y 2009, encargó dos informes sobre las sociedades de gestión a la Agencia de Evaluación que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurría a estos informes para defender que "siempre hemos salido limpios" y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigación en marcha.

El registro se produjo el día en que se conocían los resultados de las elecciones a la entidad. La mecánica electoral se basa en un insólito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendrá ningún representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al año y lo hace sin ánimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudación del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo carácter abusivo obligará al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso está en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que pedía esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aquí y en Bruselas. Ahora, no bastará con castigar, si así ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gestión de los derechos de autor.