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Editorial:

Decisiones correctas

Aunque de escaso alcance económico, las medidas aprobadas benefician a la ciudadanía

Las decisiones aprobadas ayer en el Consejo de Ministros son correctas y oportunas. Aunque su alcance no se va a traducir en una mejora inmediata de la economía, alguna de ellas, como la relativa a los embargos de las familias hipotecadas, suavizará el deterioro de las condiciones de vida de muchos españoles. Las orientadas al fomento de la capacidad para emprender son convenientes. Las que favorecen el cobro de las deudas de comunidades autónomas y Ayuntamientos corrigen los límites que el propio Gobierno les había impuesto y permitirán respiros a algunos proveedores. La impresión general es que el Gobierno está dispuesto a seguir ocupado hasta las elecciones.

Este Ejecutivo ha trabajado más en política económica en los últimos 12 meses, acuciado por la presión europea y los mercados de bonos, que en la totalidad de las dos legislaturas. Aun cuando no todas las decisiones hayan sido favorecedoras del crecimiento, hay que reconocer que el Ministerio de Economía y Hacienda no ha dejado de intentar atajar la muy severa crisis en el último año y ha tratado de corregir la inhibición del pasado, favorecedora de esas servidumbres de un patrón de crecimiento viciado. La ausencia de competitividad internacional, la precariedad en el empleo y, no menos importante, la escalada en el endeudamiento privado son hoy, sin embargo, lastres de difícil superación.

Frente a la evidencia de que los costes de esta crisis no los están pagando quienes la originaron, sino quienes disponen de menor capacidad defensiva, el Gobierno debe tratar de suavizar los embargos de viviendas. Esa modalidad de inversión crediticia es la preferida de las entidades bancarias: dispone de garantía real y personal y reducidas tasas de morosidad, excepto en momentos de elevado paro. En España, el impago del préstamo hipotecario puede llevar a la ruina de los prestatarios. Es razonable el límite ahora impuesto en función de ingresos mínimos del prestatario sujeto a ejecuciones hipotecarias, así como el correspondiente al valor mínimo del activo embargable. En la instrumentación de esa limitación de abusos las autoridades tendrán que tomar en consideración los riesgos de que la reacción de los bancos no sea endurecer la financiación hipotecaria, ya sea en términos de cuantía del principal o de tipos de interés aplicables.

Sin menoscabo de la significación de otras medidas, como la relativa al techo de gasto de las comunidades autónomas, facilitar a través del ICO el cobro de deudas con proveedores de esas Administraciones públicas es otra decisión relevante que apoya a los emprendedores. Más vale tarde que nunca. Puede paliar la elevada mortalidad empresarial, además de canalizar energías y talento hacia la asunción de riesgos. Facilita la emergencia de proyectos innovadores y, en todo caso, puede regenerar el tejido empresarial. Solo una medida como esta podría dar la impresión de que al menos parte del Gobierno sigue vivo y justifica su continuidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de julio de 2011