Los proveedores de CDC no tienen facturas de sus supuestos trabajos para el Palau

El juez investiga si los empresarios camuflaron con servicios falsos el desvío de fondos

Los empresarios imputados por enmascarar el desvío de fondos de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música negaron ayer los hechos ante el juez. Las empresas, dedicadas al buzoneo electoral y al montaje audiovisual, realizaron supuestos trabajos para la institución musical que, en realidad, nunca pudieron acreditarse. Y sin embargo, los cobraron. Los cinco imputados defendieron que los trabajos sí se realizaron, aunque no aportaron ninguna prueba documental que avale su tesis.

Juan Manuel Parra, de Hispart, afirmó que la compañía suministraba material audiovisual para actos públicos celebrados en el Palau cuando lo dirigían sus dos saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull. Pero no puede demostrarlo porque su empresa, dijo, suele destruir los albaranes cuando acaba un servicio. Una explicación similar ofrecieron al juez Pedro Luis Rodríguez y Vicente Muñoz, administradores de New Letter y Letter Graphic, al sostener que su sistema informático destruye automáticamente el rastro de los trabajos cuando se terminan, según fuentes judiciales.

Los empresarios dicen que los papeles se destruyeron al acabar los trabajos

Los dos responsables de Altraforma que también acudieron a declarar, Miguel Giménez y Josefa María Gregori, detallaron que entre 2006 y 2007 facturaron al Palau unos 180.000 euros para adecuar unas salas del edificio modernista destinadas a captar patrocinadores. Ambos aseguraron que en ningún caso emitieron facturas falsas. Pero alegaron que no podían facilitar ejemplos concretos porque toda la información la tenía Maria Carmen Mateu. La mujer también estaba citada a declarar ayer ante el juez, pero está muerta desde hace cuatro años.

Las declaraciones de ayer forman parte de la pieza separada, abierta hace meses, para investigar el presunto pago de comisiones irregulares de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública; en concreto, de proyectos como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. El caso salpica de lleno al partido de Artur Mas porque en la causa está imputado, entre otros, el extesorero del partido nacionalista, Daniel Osàcar, que presuntamente actuaba como hilo conductor de las comisiones. En esa trama, las cuatro empresas implicadas "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial" y que servía, a su vez, para satisfacer servicios prestados a entidades que en ningún caso eran el Palau.

Igual que en su comparecencia ante la comisión de investigación en el Parlament, los imputados admitieron que las empresas eran proveedoras de CDC en campañas electorales, como destapó EL PAÍS. Pero matizaron que también trabajaban de forma regular con otros partidos; entre ellos, el Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana.

Las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros al Palau por trabajos que no aparecen debidamente justificados. Los empresarios detallaron ayer, según fuentes judiciales, que su trabajo consistió en elaborar una campaña para buscar socios y patrocinadores. La elevada cantidad facturada se explica, según su declaración, por la necesidad de poner en marcha un complejo sistema de cruce de datos que se alargó dos años.

"Puedo afirmar que no hemos efectuado ninguna factura falsa, para el Palau ni para nadie. Los trabajos se hicieron y fueron cobrados por transferencias o talones nominativos", sostuvo Rodríguez durante su tensa comparecencia, hace un año, frente a los diputados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 29 de junio de 2011.

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