Ajustes y justicia social

El argumento asumido para forzar la reforma laboral, propiciar la rebaja de las pensiones y los salarios públicos, encorsetar la negociación colectiva y ahora precarizar las remuneraciones del trabajo vinculándolas al mito de la productividad es siempre el mismo: "Dar credibilidad al sistema, para recuperar la confianza de las instituciones y los mercados financieros internacionales, que tienen serias dudas sobre la economía española y su capacidad para hacer frente a un elevado endeudamiento".

Los trabajadores poco podemos hacer, más allá de soportar nuestras propias miserias: hemos pasado de la precariedad al paro y del empleo estable a la economía sumergida, nos han convencido de que envejecer o caer enfermos nos convierte en un lastre económico. Por eso hemos permitido que se recorte el gasto, suprimiendo servicios públicos (sanidad, protección social, educación...) que están saliendo al mercado para que este regule el acceso diferenciado de los usuarios, de tal forma que serán necesarios únicamente aquellos que sean rentables. Así se conseguirían oportunidades de negocio en el interior y un aumento de la competitividad exterior al reducir los costes sociales de las empresas.

Sabemos que estamos en la misma crisis desde 1973; desde entonces el problema no es de escasez, sino de acumulación, es decir de justicia social; hay que limitar el crecimiento y racionalizar el reparto. Pero este es un asunto político demasiado espinoso para dejarlo en manos del mercado o de los intereses privados.

Algo de esto barruntan los empresarios, saben que la salida de la crisis no es solo económica, que hace falta mucha política, y se han puesto a la tarea: hace unas semanas dieron visibilidad a su lobby, el Consejo Empresarial para la Competitividad, del que apenas sabemos nada, con poderosa capacidad de influencia frente a un Gobierno débil, pero inane frente a las dentelladas de los tiburones financieros internacionales.