El CES renuncia a dictaminar sobre la ley de Cajas por discrepancias internas

El Consejo Económico y Social vasco (CES) no ha logrado cumplir con su labor consultiva en el caso del proyecto de ley de Cajas. El enfrentamiento entre los representantes de la patronal Confebask y el bloque sindical, compuesto por CC OO y UGT -tanto ELA como LAB abandonaron hace meses el organismo- va a impedir que el texto llamado a regular las tres entidades y sus nuevos órganos de representación tras el proceso de fusión fría en que BBK, Kutxa y Vital están inmersas, llegue al Parlamento con las aportaciones de todos los agentes sociales.

Después de varias reuniones, Confebask se ha negado a que se dictamine sobre un proyecto de ley de esta importancia, al interpretar que las propuestas que hacía la parte sindical iban más allá de lo que estimaba razonable, al incorporar disposiciones que aumentaban sustancialmente la representación social en los órganos de decisión de las entidades financieras.

Las centrales trasladarán sus ideas a los grupos parlamentarios

Las centrales formularon varias propuestas que querían incluir en el dictamen final para elevar el porcentaje de representación de los empleados en la Asamblea General de cada entidad del 7% mínimo que fija la legislación estatal a un 10%. Además, proponían establecer algún tipo de garantía para que existiese una representación social también en los consejos de administración.

La patronal rechazó de plano dictaminar sobre el proyecto con esas nuevas aportaciones porque suponían "laboralizar" un proyecto de ley que no había llegado con ese espíritu al CES.

El consejo está compuesto por cuatro bloques con capacidad de veto sobre la emisión o no de los informes. Aunque tras la marcha de ELA y LAB se había desatascado el órgano consultivo y los informes salían adelante con más o menos discrepancias, el enfrentamiento en torno al proyecto de ley de Cajas ha resultado insalvable. El primer bloque de ocho consejeros representa a las organizaciones y confederaciones sindicales. A ellos se suman otros ocho por las confederaciones empresariales y ocho expertos de reconocida cualificación, experiencia e independencia. A esos tres bloques hay que sumar un cuarto en el que figuran otros ocho consejeros más en representación de las Cámaras de Comercio, las cajas de ahorro y entidades financieras, las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, las organizaciones pesqueras, agrarias y de consumidores y, finalmente, de la UPV. Todos ellos participan por especialidades en la elaboración de los dictámenes que el Parlamento evalúa después y teóricamente tiene en cuenta a la hora de abrir el periodo de enmiendas en el debate de una ley.

Fuentes de UGT y CC OO recalcaron ayer que no renuncian a sus propuestas y que se las van a explicar a los partidos parlamentarios para ver si pueden ser introducidas como enmiendas en el texto de la ley.

Los consejos de administración de las tres cajas aprobarán la fusión a finales de este mes, y en la primera quincena de septiembre serás las asambleas las que lo ratifiquen. La ley estará lista para finales de año.