CiU aprueba otro parque energético que tumbó el antiguo Departamento de Medio Ambiente

El impacto medioambiental de un proyecto depende de la sensibilidad de cada Gobierno: la Generalitat ha dado luz verde a un parque eólico en la Ribera d'Ebre cuya construcción estaba paralizada desde hace un año porque el antiguo Departamento de Medio Ambiente antepuso los valores forestales de la zona. El Gobierno de CiU, que suprimió ese Departamento para englobar sus competencias al de Territorio y Sostenibilidad, ha dado ahora el visto bueno al parque argumentando exactamente lo contrario que Medio Ambiente: que los valores forestales son compatibles con la construcción de 12 aerogeneradores de unos 80 metros de altura y 90 de envergadura.

Medio Ambiente alegó en 2010 que el parque pretendía implantarse en una zona forestal de uso público y consideró incompatible destinar ese suelo para la producción eléctrica. Un año después, el Gobierno catalán decreta que el suelo de uso público puede emplearse para la producción eléctrica sin incumplir ninguna normativa patrimonial ni tampoco ninguna otra ley forestal. "El proyecto se ajusta a la normativa del sector eléctrico", concluye la Generalitat para aprobar la construcción del parque, que deberá estar en funcionamiento en 2013.

La decisión se produce después de que la Generalitat haya desbloqueado la construcción del que será el mayor parque fotovoltaico de Cataluña después de que la anterior cartera de Medio Ambiente la considerara "incompatible" con el terreno propuesto. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, dirigido por Lluís Recoder, trabaja ahora para impulsar el parque, en el que se prevé construir 24 hectáreas de células fotovoltaicas en una zona de especial protección para las aves y considerada reserva de biodiversidad para la UE y la propia Generalitat. Los terrenos acogen la zona de cría de al menos una pareja de águilas perdiceras, ave considerada especie vulnerable por la legislación española.

"Es una inversión irrechazable", señala el alcalde de Tivissa (Ribera d'Ebre), Jordi Jardí (CiU), cuyo municipio se embolsará 92.000 euros anuales por acoger la instalación. "El mensaje es claro: con la excusa de la crisis la Generalitat venderá hasta los bosques. El medio ambiente ha sufrido una gran desprotección en solo medio año de legislatura", protestó la entidad ecologista Depana. Esta recordó que, bajo el argumento de impulsar la actividad económica, la ley ómnibus pretende eximir a ciertas empresas de realizar la evaluación de impacto ambiental y legalizar la circulación de vehículos por pistas forestales.