El 15-M condena la violencia de Barcelona pero evita la autocrítica

"Como todo el mundo sabe, rechazamos la violencia", leyó ayer una miembro del Movimiento 15-M en Barcelona. Los indignados se desmarcaron así de los disturbios del miércoles contra algunos diputados que intentaban entrar en el Parlamento catalán. Pero rechazaron cualquier culpa en lo ocurrido. "No nos sentimos representados por estas acciones y, por tanto, no nos hacemos responsables de las mismas", aseguró la misma persona, en la primera comparecencia pública tras los incidentes. "No puedo ser crítico con algo que no he hecho, no he promovido, ni he coordinado", respondió a preguntas de los periodistas una de los tres indignados que participaron en la conferencia de prensa, convocada oficialmente por Acampada Barcelona, aunque señaló que hablaba a título individual porque nadie les representa.

Los indignados ven un intento de desprestigiar su campaña

"No se promovió una acción violenta ni la parada real del Parlamento", añadió otro miembro del movimiento, en nombre de la comisión jurídica de los indignados. Días antes, en otra convocatoria de prensa, aseguraron que su objetivo era impedir la entrada de los diputados para que no pudiesen votar los Presupuestos.

Los que "promuevan, dirijan o presidan" manifestaciones que alteren el funcionamiento de los Parlamentos se enfrentan a una pena de seis meses a un año de cárcel, según el artículo 494 del Código Penal. El 498 prevé penas de tres a cinco años a las personas que empleen "fuerza, violencia, intimidación o amenaza" para impedir a un diputado asistir a su puesto de trabajo. Los Mossos d'Esquadra detuvieron, durante los disturbios, a siete personas por desobediencia y resistencia a la autoridad, entre ellas a un menor. Todas han quedado en libertad con cargos y podrían afrontar penas menores. Los que pueden tener verdaderos problemas son los que hayan cometido los delitos contra las instituciones del Estado. El Departamento de Interior asegura que ha identificado, hasta ahora, a 10 personas que podrían haber participado en las acciones contra los diputados. La policía autonómica analiza las imágenes del cerco al Parlamento para remitirlas a la fiscalía.

"Se están sobredimensionando" los incidentes para desviar la atención de los problemas reales, aseguró el Movimiento 15-M. A su entender, hay un intento de "estigmatizar" a los indignados para justificar la "represión policial" contra ellos. Stéphane Hessel, autor del libro ¡Indignaos!, expresó el jueves su "más firme rechazo" hacia cualquier agresión. La vista está puesta ahora en la manifestación de mañana contra el Pacto del Euro, que saldrá a las 17 horas de la plaza de Catalunya y que se prevé pacífica, según fuentes policiales. La portavoz de la coalición ICV-EUiA, Laia Ortiz, llamó a la ciudadanía a participar en ella.

Por otra parte, 15 intelectuales y juristas, entre ellos el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y los escritores Maruja Torres y José Luis Sampedro, firmaron ayer un manifiesto en defensa del activista Arcadi Oliveres. El consejero de Interior, Felip Puig, amenazó con denunciarle por calumnias al sostener que algunos mossos de paisano alentaron la violencia.