El 'caso Margüello' se cierra sin poner nombres a sus responsables políticos

El Parlamento puso ayer fin al año y medio de trabajo de la comisión de investigación más larga de la historia de la Cámara, la que ha estudiado las presuntas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios con empresas privadas relacionadas con el exjefe de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, por parte del Departamento de Sanidad entre 1996 y 2009. La resolución que aprobaron los parlamentarios en el pleno ordinario, es muy similar al dictamen aprobado por la comisión de investigación -que únicamente fue rechazado por el PNV-, por lo que no incorpora novedades sustanciales.

El texto final confirma, con el sello de la Cámara vasca, que sí hubo irregularidades "reiteradas y continuadas" en "beneficio de unas empresas" concretas y un perjuicio a las arcas públicas pero evita emplear un lenguaje más duro, el propuesto por los socialistas, en el que se hablaba de monopolio de un grupo de empresas y daba nombres y apellidos a los responsables políticos del caso.

El PSE critica el intento de privatizar la sanidad pública

Los 'jeltzales' denuncian errores y critican el impulso político del caso

La conclusión es que "resulta ajeno al sentido lógico de las cosas y al normal funcionamiento de un gobierno que todas las irregularidades constatadas por la comisión de investigación se realizaron sin el conocimiento y participación de los responsables del anterior Departamento de Sanidad".

La resolución fue apoyada por PSE, PP y UPyD, con la abstención de Aralar, EA y EB y el único voto en contra del PNV. Las deficiencias van desde el tipo de contratos que se utilizaron -limitaban la concurrencia pública-, las prórrogas más allá de lo permitido y el incremento excesivo de las tarifas hasta las incompatibilidades de médicos vinculados a estas empresas contratadas porque al mismo tiempo eran funcionarios de Osakidetza y que, por tanto, invalidaban a las empresas como candidatas a conseguir los conciertos.

El debate público de ayer se desarrolló con menos tensión que la pelea que se ha prolongado durante todos estos meses a puerta cerrada, pero escenificó a la perfección las dos posturas diametralmente opuestas. La portavoz del PNV, Nerea Antia, rechazó todas las irregularidades detectadas por la comisión y defendió la gestión de su partido intercalando críticas hacia el actual Gobierno socialista y hacia los "errores" en los informes técnicos en los que, a su juicio, se ha basado el caso. Por otro lado, la socialista Blanca Roncal defendió que se ha confirmado "una trama de intereses privados que han parasitado la sanidad pública a la sombra del poder político" y criticó la intención de "ir privatizándola" a base de debilitarla.

"El PNV ha querido instalar la teoría de la confusión y el victimismo", aseguró la parlamentaria del PP y presidenta de la comisión Laura Garrido, que aseguró que los jeltzales no han sido capaces de desmentir las conclusiones de la comisión.

El resultado final mantiene lo acordado en la comisión de investigación porque ayer se echaron por tierra todas las propuestas del PNV, que rechazaban de principio a fin todo atisbo de deficiencia. Además, los socialistas retiraron en el último momento su voto particular, dirigido a endurecer la forma del dictamen con palabras como monopolio o trama que el texto final define sin nombrar, ante la posibilidad de que los grupos que preveían abstenerse votaran en contra de la resolución final.

PSE y PP lograron evidenciar la soledad del PNV en este caso -contaron con el apoyo de UPyD y la abstención de Aralar, EB y EA-, pero tampoco lograron los apoyos que deseaban sumar. Y es que no obtuvieron los que en las últimas semanas se han convertido en los votos más codiciados, los de los cuatro parlamentarios de Aralar, que hubiesen podido evitar la imagen de frente PSE-PP contra PNV.

El párrafo clave sobre la participación de los exgestores sanitarios, liderados por el jeltzale Gabriel Inclán, exconsejero, fue precisamente el que alejó a Aralar de apoyar la resolución. Este grupo apostó por la abstención porque, aunque entiende que hubo irregularidades, considera que fueron de dos tipos diferentes: las que eran conocidas por el equipo de Inclán y las que suponen deficiencias administrativas que todavía hoy siguen existiendo. En definitiva, aunque "en general estamos a favor de lo recogido en el dictamen", reconoció Dani Maeztu. Tanto Aralar como EB y el PNV denunciaron la utilización política del caso.

El interrogante que queda es el del perjuicio económico que pudieron causar estas actuaciones. Ningún organismo ha podido dar una cifra, pero la resolución aprobada ayer confirma que existió un perjuicio. Sanidad pagó por los contratos a las empresas del caso más de 30 millones de euros.

El caso Margüello cerró así sus puertas en el Parlamento, pero sigue siendo investigado en los juzgados de Vizcaya. Una parte ha sido sobreseída provisionalmente y el resto se encuentran en fase de instrucción.