Arcadi Oliveres condena la violencia y sostiene que "perjudica la movilización"

El presidente de la asociación Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, condenó ayer "todos los actos de violencia, insultos y falta de respeto a los diputados elegidos democráticamente". Fueron las palabras de una de las figuras más respetadas por los indignados, que han acudido masivamente a las charlas que Oliveres ha pronunciado en toda Cataluña desde que arrancó el movimiento del 15-M hace un mes.

Oliveres hizo un esfuerzo por separar las reivindicaciones de los indignados de los hechos violentos de ayer, que en su opinión fueron causados "por una minoría de exaltados" que, en el fondo, "no hacen más que perjudicar la movilización".

Justícia y Pau, afirmó Oliveres, comparte la indignación del movimiento de los acampados y culpa en parte a los políticos de la violencia ocurrida frente al Parlament por no haber sabido responder a ninguna de sus demandas. "Hay una falta de sensibilidad y mucha prepotencia por parte de los políticos, y esto debería entristecernos".

Oliveres pidió a los indignados que sigan con su "pedagogía política, creando conciencia social" y recalcó que las movilizaciones no han de pretender "paralizar la actividad de las instituciones democráticas, sino influir en ellas para avanzar hacia una sociedad más justa y más democrática".

Por último, el presidente de Justícia i Pau arremetió contra cualquier acto de violencia: los episodios de ayer, pero también "la violencia estructural con la que los políticos, a través de leyes, someten a los más desfavorecidos". Puso como ejemplo la Ley de Extranjería y los recortes en sanidad y educación.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, condenó en un comunicado conjunto de todos los grupos municipales "las actitudes violentas de algunas de las personas concentradas en el entorno del parque de la Ciutadella". "La defensa de unas ideas legítimas no puede ser, en caso alguno, la excusa para bloquear el acceso al Parlament de Cataluña de los diputados y diputadas que han sido democráticamente escogidos".

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), que ya mostró su inquietud por las cargas policiales del 27 de mayo en la plaza de Catalunya, mostró su preocupación por los incidentes. El ICAB explicó que tratar de impedir o entorpecer la actividad parlamentaria es "absolutamente contrario a las normas de funcionamiento de la democracia" por lo que exigió el cese inmediato de las actitudes violentas y pidió la apertura "de manera inmediata de vías de diálogo".

UGT y CC OO de Cataluña quisieron distanciarse en sendos comunicados de los actos de violencia y afirmaron que aunque entienden "la legítima" indignación por los recortes, no pueden dejar de condenar "el uso de la violencia contra representantes escogidos democráticamente por la ciudadanía". "Si el movimiento de hoy hubiera sido pacífico, en estos momentos todos lo valoraríamos", concluyeron.