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El objeto social del parque de Miñano no permitía la operación de Epsilon

No incluye dar subvenciones o garantías a empresas para garantizar su viabilidad

El parque tecnológico de Álava, ubicado en Miñano, no debió realizar la operación para garantizar los créditos por 16 millones de euros que la Caja Vital y Kutxa concedieron en el año 2009 a la empresa automovilística Epsilon porque el objeto social del mismo no lo permitía. Esta es una de las ideas que se remarca en uno de los cuatro informes que ratifican las supuestas irregularidades en el proceso de ayudas a esta empresa y que el pasado lunes debatió el consejo de administración del parque alavés.

Los estudios muestran la interpretación jurídica y los posibles escenarios de futuro si no se encuentra un inversor privado que logre sacar a la empresa del preconcurso de acreedores en el que está inmersa desde marzo. Entre ellos, las responsabilidades de los exadministradores del parque y la difícil situación económica a la que este se vería abocado.

La actuación tuvo una "hechura atípica" que permitió "orillar" los controles

El informe, firmado por el director de la Oficina de Control Económico (OCE), viene a asegurar que se actuó mal desde el principio porque la suerte de aval concedido por el parque a Epsilon para que salvase sus problemas económicos con créditos hipotecarios rebasa el objeto del parque. Los créditos llegaron después de que una ayuda del Ministerio de Ciencia fuese más escasa de lo esperado. La OCE entiende que el parque rebasó sus competencias de gestión de los pabellones para promover la iniciativa industrial. "El objeto social no comprende, pues, otras formas de promoción industrial, por legítimas que puedan ser, como la concesión de subvenciones a empresas o el otorgamiento de garantías que contribuyan a su viabilidad".

El mismo organismo de control entiende que estos movimientos corresponden al Departamento de Industria o la SPRI. "Se trata de un negocio que excede el objeto del parque", señala igualmente sobre un documento firmado ante notario en enero de 2009 -y ratificado en marzo de ese año por el consejo del parque-, en el que se obliga a este organismo -participado al 64% por el Gobierno vasco- a presentarse a una subasta en caso de impago de los créditos a Caja Vital y Kutxa. El impago ya es una realidad y la Vital está dando pasos para ejecutar el aval. Kutxa trabaja para encontrar salidas, pero si no se logran no descarta seguir el mismo camino. El documento de 2009 fija los precios a pagar: entre 14,6 y 22,5 millones.

El estudio jurídico apunta que "todas las partes intervinientes que podrían haber resultado beneficiadas por la eventual ayuda tienen la condición de empresa", lo que echaría por tierra el argumento de una inversión de futuro para la sociedad vasca esgrimida por anteriores responsables públicos.

Todos los informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se basan en una idea clave destacada en el informe del Departamento de Justicia. Este recalca que la operación con la que el parque intercedió por Epsilon eran garantías. El detalle no es menor, porque el letrado autor del informe asegura que estos movimientos no se corresponden con la figura de garantía tal y como está tipificada en la Ley de Finanzas de Euskadi, pero defiende que, a efectos prácticos, sí lo son porque tienen un "efecto equivalente". Y va más allá, porque entiende que la operación adopta una "hechura atípica" con la que se renuncia a la figura de garantía normal, "orillando con ello el control financiero" establecido por la Ley de Finanzas. Esta podría ser la clave de las presuntas irregularidades cometidas por los administradores del parque que recogen los cuatro informes. Estos documentos, que ya han sido remitidos al Parlamento vasco para su estudio, establecen que, al ser garantías, el Departamento de Economía debía haber autorizado este procedimiento y, al considerarse ayudas de Estado, se tenía que haber informado a la Comisión Europea de ello. Ninguno de los dos pasos se dio.

¿Por qué se tomó este riesgo con las cajas? Uno de los estudios reconoce que la base para tomar la decisión fue la "confianza" del parque de que estas "no se verían necesitadas de compensar el incumplimiento de Epsilon con la adquisición de un inmueble o infraestructura industrial que pudiera no resultarles de interés".

Las supuestas irregularidades no eximen al parque tecnológico de las obligaciones contraídas con ambas entidades financieras. Si no se encuentra un inversor, el parque de Miñano deberá hacerse cargo. Esto deja al organismo en una situación complicada, como ya advirtió su consejo de administración el lunes. El informe de la OCE pone las cifras: la capacidad del parque ha oscilado en los últimos tres años entre los 4,7 millones y los 9,4 millones. Importe "mucho menor que la cantidad que habría que abonar": si hubiese que pujar en una hipotética subasta, el mínimo sería de 14,6 millones. La solución sería endeudar a esta y otras sociedades y entes públicos.

¿Hay que exigir responsabilidades? Los informes del despacho de asesores del parque inciden en que no se puede exigir automáticamente responsabilidades porque no se ha producido ningún perjuicio económico, al menos hasta el momento. El estudio económico sí observa, en la desviación del objeto social y en la "desproporcionada" operación, que podría haber responsabilidad del consejo de administración", entre ellos algunos involucrados en el caso De Miguel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de junio de 2011