Una semana de cárcel por no pagar 90 euros

A Salvador Gómez le cayó en 2008 una multa por un altercado con la policía nacional el año anterior, tras una concentración ante la comisaría de Vigo en apoyo a un grupo de independentistas que habían sido detenidos, a su vez, por quemar un muñeco con la cara del Rey durante una manifestación celebrada unas horas antes. La juez apreció una falta y le impuso pagar seis euros diarios durante 15 días. En total, 90 euros. Gómez, curtido militante y miembro también del colectivo ecologista A Ría non se Vende, que tiene por objetivo principal la defensa de la ría de Vigo, acudió al juzgado para preguntar qué pasaría si no abonaba la cantidad. Le dijeron lo que la ley prevé: si no pagaba tendría que pasar un día en la cárcel por cada dos de multa.

El fiscal del caso pidió la absolución por no encontrar pruebas suficientes

Gómez no pagó. "Tenían que haberle notificado los plazos, pero nunca lo hicieron", justifica su hermano Óscar, que insiste en que Salvador jamás rehusó hacer frente a la sanción. En el juzgado no lo interpretaron así y a principios de este año emplazaron al sancionado a presentarse en el centro penitenciario de A Lama.

"Se le presentaron en casa dos policías con la notificación", comenta Óscar. La orden llegó tras un intento fallido de localizar a Salvador. "No recibió ninguna comunicación, y no cambió de domicilio", opone su hermano, que es consciente de cómo funcionan las notificaciones judiciales: si tras varios intentos no se logra contactar con el interesado, la publicación en los edictos surte el mismo efecto en la práctica.

En el colectivo de defensa de la ría de Vigo y en el entorno de Salvador aseguran que el secretario del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, al que Gomes había preguntado años antes por sus opciones tras la sentencia condenatoria, entendió erróneamente que este se había negado ya entonces a pagar la multa. Óscar asegura que Salvador acudió al juzgado tras la visita policial para intentar aclarar el entuerto, pero sin éxito. "Yo no lo soñé", aducen que alegó el secretario.

El abogado Xesús Sanxoás presentó dos recursos para evitar que la condena se ejecutase, primero ante el propio juzgado y después ante la Audiencia Provincial. En ellos pedía que su suspendiese la condena, ya que Salvador no tenía antecedentes, o que se sustituyese la pena de prisión por la de arresto domiciliario. Ambos recursos fueron rechazados.

Gómez entró finalmente en el centro penitenciario de A Lama el pasado sábado, donde permanecerá hasta mañana. A Ría non se Vende emitió un comunicado de apoyo cargando contra la "maniobra oscura" del secretario del juzgado, que no ha querido hacer comentarios sobre el asunto a EL PAÍS. Censuran una medida "enormemente desproporcionada y abusiva" y cargan contra la "ley del embudo" en la práctica judicial. Tanto Duarte Ferrín, portavoz de la asociación, como el propio hermano del encarcelado especulan con que el proceder del secretario obedece a "motivaciones políticas e ideológicas", al tiempo que insisten en que la concentración que dio pie a la condena final fue "pacífica" y que el fiscal responsable del caso había pedido la absolución por no encontrar pruebas suficientes para la condena. Sanxoás no entra en esas disquisiciones, pero señala el agravio comparativo con otros casos. "Al de la Fundación San Rosendo

[el cura Benigno Moure, condenado por estafar a una anciana impedida mentalmente] le cayeron cinco años y aún no ha entrado en prisión, y este chico por 90 euros va a la cárcel".