Yamaha desmiente a Mena y reitera que se va de Cataluña

A las once de la mañana, el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, afirma en el Parlament sobre la intención de Yamaha de cerrar la planta de Palau-solità i Plegamans: "Hasta ahora estamos ganando la partida". A las cuatro de la tarde, Yamaha le replica a través de una agencia de comunicación con esta frase: "No hay cambios, Yamaha mantiene la intención de cerrar y trasladar la producción a Francia". El optimismo exhibido por Mena por la mañana se desmoronó ayer con 15 palabras.

"Confiamos en el Gobierno, se trata de ver quién miente", señaló el portavoz de los trabajadores, Óscar Rivera (CC OO). En el Parlament, Mena argumentó sus buenas sensaciones tras recordar que la firma nipona retiró in extremis el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó en febrero, aunque siempre ha mantenido su intención de irse. Mena comparecía para hablar precisamente de Yamaha y afirmó: "La amenaza de marcha que se concretó en Honda

[abandonó Cataluña en 2010] no se concretará en Yamaha y Derbi, lo hemos cogido a tiempo".

Mena destacó que la clave del éxito en las negociaciones con Yamaha será tener en cuenta que se trata de una firma japonesa: "Este no es un juego de ajedrez que acaba en jaque mate, es un un juego de go en el que las fichas tienen que estar juntas y aproximarse".

Durante la comisión de empresa y ocupación también intervino el director general de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, que expuso la "indefensión" que provoca, tanto para las partes como para la Administración, la "indefinición" de la reforma laboral. La falta de concreción, dijo, dificulta la interpretación a la hora de analizar las causas económicas, organizativas o técnicas que una empresa puede presentar como causa de despidos. "¿De qué hablamos cuando hablamos de una mala situación económica, de pérdidas actuales o previstas, o de caída de ingresos?", preguntó.

La oposición se centró en acusar a Mena de actuar solamente cuando se lo ha pedido el Parlament. A Bonastre le reprocharon que utilice los problemas de la reforma laboral como "excusa" ante sus dificultades para negociar con las empresas y le recordaron que CiU votó la reforma en el Congreso de los Diputados.

El borrador de la ley de simplificación (la ley ómnibus) también se coló en el rifirrafe. Los grupos echaron en cara al consejero que la ley derogue la ley y el consejo de política industrial en un contexto como el actual, de dificultades para el sector. La diputada socialista Montserrat Capdevila rebautizó la ley y la calificó de "obús". Hábil, Mena dio la vuelta a la tortilla y utilizó el calificativo para defender las polémicas modificaciones que introduce el borrador: "La ley ómnibus es un obús a la ineficiencia". El departamento argumenta que la ley de política industrial es intervencionista y que ya existen directivas europeas para regular el sector.

Por otra parte , los sindicatos alertaron ayer de la intención de Sharp de presentar un expediente de regulación de empleo que afectaría a 100 o 200 de los 300 trabajadores. De ellos, 100 se quedarían en Sharp, 100 serían despidos seguros y los 100 restantes o bien los asumiría la empresa Cirsa -si se quedara con la producción- o también se quedarían sin empleo.