¿Podemos pagar?
Más de un año después de la emergencia de la crisis de la deuda soberana en la eurozona son varias las economías, no solo las consideradas periféricas, las que generan desconfianza sobre su capacidad para pagar las deudas, públicas y privadas. Aunque muy diferenciada de las que han requerido el rescate, la española soporta una prima de riesgo relativamente elevada, expresiva de dudas acerca de su solvencia a medio plazo. Despejar algunas de ellas debería ser el propósito no solo de quienes gobiernan, sino también de quienes pueden hacerlo a partir de las próximas elecciones generales.
El problema más importante a corto plazo de la economía española no es la magnitud de la deuda pública: la solvencia más cuestionada es la del conjunto del sector privado, determinada por un volumen históricamente elevado de pasivos de empresas y familias, y unas muy pobres posibilidades de crecimiento económico. Si el paro apenas se reduce y la calidad de los activos bancarios no mejora, las empresas seguirán teniendo dificultades, en especial aquellas con la mayor parte de sus ventas orientadas al mercado doméstico. Si las rentas de las familias y de las empresas no crecen, tampoco lo harán los ingresos tributarios. Sí seguirán aumentando, sin embargo, algunas partidas importantes de gasto público, como las asignadas a cubrir el desempleo y los intereses de la deuda pública. Esta es la vía de conversión de la deuda privada en deuda pública que tanto inquieta a los inversores. Una transformación que es difícil impedir sin suficiente crecimiento. Pero sí podrían neutralizarse algunas de sus consecuencias si se alcanza un mínimo consenso político en torno a las finanzas públicas.
Como demuestra el caso griego, el desencuentro político en relación con las finanzas públicas cotiza de forma muy adversa
Dos aspectos habría que clarificar a la comunidad inversora. En primer lugar, la inexistencia de pasivos públicos ocultos en cualquier nivel de las Administraciones públicas de significación cuantitativa suficiente como para alterar de forma sustancial la evaluación del riesgo del Reino de España. Cuanto menor sea la alimentación de conjeturas acerca de "deudas escondidas", mucho mejor para todos. La segunda pieza de ese consenso exigiría exhibir la voluntad de mantener políticas de saneamiento financiero a medio y largo plazo compatibles con las exigencias de la eurozona.
Un consenso en esos ámbitos valdría mucho dinero. Contribuiría a mantener la prima de riesgo en niveles soportables, incluso podría reducirla. Y eso significaría menores costes financieros para nuestras Administraciones públicas, en primer lugar, pero también para empresas y familias. Reduciría la alimentación de esa peligrosa metamorfosis de deudas privadas en deuda pública. Como el caso griego está poniendo de manifiesto, el desencuentro político en relación con las finanzas públicas cotiza de forma muy adversa. Por el contrario, es bien recibido por los mercados de bonos cualquier acuerdo que fortalezca la presunción de que se pagarán las deudas. Activos y potencial de crecimiento no le faltan a la economía española. Bueno sería que tampoco estuviéramos escasos de voluntad política.
