El control de la FAMP dependerá de los pactos políticos de la izquierda

El holgado triunfo que logró el PP en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo en Andalucía y la consiguiente ampliación de sus cuotas de poder en las entidades locales pueden tener como consecuencia añadida que por primera vez en su historia se alce con la presidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), una plataforma que puede resultar muy valiosa en la estrategia de cerco y acoso al Gobierno autónomo ante los comicios de marzo de 2012, que la ejecutiva que preside Javier Arenas tiene como objetivo primordial.

Aún controlada por el PSOE, que hasta ahora ha dispuesto de una holgada mayoría en los órganos de gobierno y ha modulado siempre la voz reivindicativa de los ayuntamientos, la FAMP ha sido en ocasiones, y cada vez más, un aguijón crítico para determinadas actuaciones y políticas del Gobierno autonómico, especialmente sobre las atribuciones de competencias. Si la FAMP queda en manos del PP, lo más probable es que creara más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo de José Antonio Griñán hasta la celebración de las elecciones autonómicas, según admiten diversas fuentes socialistas. El PP siempre se ha quejado del papel subordinado de la FAMP respecto al Gobierno andaluz e incluso en alguna ocasión los alcaldes populares han llegado a amenazar con abandonar el organismo si no se mostraba más reivindicativo y exigía más competencias para los municipios.

Si la institución queda en manos del PP, será un látigo más contra Griñán

Ha habido choques sonoros entre la FAMP y el Gobierno autónomo, como las objeciones que puso la federación a los proyectos de las leyes de Autonomía Local y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, que incluso llegó a rechazar, aunque luego aceptó con una serie de modificaciones sin que se disiparan las discrepancias de criterios internos entre PSOE y PP; y sobre el Plan de Ordenación del Territorio y los planes de vivienda. Actualmente, hay divergencias entre la federación y la Junta por algunos de los reglamentos que desarrollan la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), como los de contaminación lumínica y contaminación acústica; y la FAMP forzó un aplazamiento de seis meses en la aplicación del nuevo canon del agua de carácter autonómico, pero que gestionan y cobran los ayuntamientos.

Así las cosas, las negociaciones de los pactos y acuerdos de gobernabilidad para los ayuntamientos en las que están enfrascadas estos días las direcciones de los partidos políticos tienen también en esta ocasión en consideración el componente añadido de la repercusión que tendrán sobre el futuro de la FAMP.

El propio presidente de la institución, Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), ha transmitido a la dirección regional del PSOE que esté alerta si es que quiere conservar la FAMP porque su hegemonía está en peligro, una vez que ha decidido no repetir los pactos globales con IU como en 2003 y 2007. "Nunca ha habido problemas para mantener la mayoría, pero ahora sí los hay y, para la política de pactos, conviene que se sepa que está pendiente la FAMP", ha advertido Toscano, quien por ello entiende que su partido debería esforzarse en cerrar el máximo número de acuerdos posible.

Sin conocer aún cómo se resolverá la situación de gobernabilidad en más de una tercera parte de los ayuntamientos donde ningún partido tiene mayoría absoluta y deben producirse acuerdos, es prácticamente imposible proyectar cuál será el color político de la FAMP, aunque en principio todo apunta a que puede haber una mayoría del PP.

Desde su creación en 1985, la FAMP siempre ha estado controlada con arrolladoras mayorías por el PSOE y ha habido consenso entre todos los partidos sobre la configuración de sus órganos, que se renuevan cada cuatro años, después de las elecciones municipales conforme a los resultados de éstas. Actualmente, el Consejo Municipalista, máximo órgano entre asambleas, tiene 34 representantes del PSOE, 12 del PP, cuatro de IU y dos del PA; y cada uno de ellos tiene al menos una vicepresidencia en la comisión ejecutiva.