Contaminación política

La reforma de la negociación colectiva ha seguido una línea caótica durante las últimas semanas debido a la presión de los sectores más duros de la patronal CEOE, defensores a ultranza del contrato único con 20 días de indemnización y del descuelgue universal de los convenios sectoriales, condiciones que no estaban en la mesa de conversaciones. La negociación parecía rota la semana pasada; después, el presidente de la CEOE, Joan Rosell, convenció al comité ejecutivo de que no era conveniente desperdiciar los acuerdos avanzados con los sindicatos; posteriormente la patronal de Madrid (CEIM), próxima al PP, volvió a colar las exigencias más drásticas en la negociación; pero ayer empresarios y sindicatos decidieron apurar las conversaciones hasta el plazo fijado por el Gobierno, que acaba mañana viernes. Un vodevil. Mucho y muy rápidamente tendrá que cambiar el ánimo negociador, en particular de la CEOE, para que antes de mañana se consiga un acuerdo.

Este comportamiento errático sugiere que Rosell, el presidente recién elegido, carece de las palancas dentro de la organización para imponer sus criterios de negociación que, en términos sencillos, significan aceptar que es mejor pactar una reforma, aunque no sea la que los empresarios consideran óptima, que pagar los costes de un enfrentamiento con los sindicatos en todas las empresas a cuenta de una legislación sin acuerdo. Pero la deducción más alarmante es que una facción del empresariado español considera amortizado al Gobierno, sobre todo después del resultado electoral, de forma que, acabado el tiempo político, es mejor esperar a que las elecciones lleven a La Moncloa a un partido que representa mejor sus intereses.

El argumento se entiende, pero los resultados de la táctica son impredecibles. No es evidente que un Gobierno del PP (si gana las elecciones) vaya a profundizar en todos los aspectos de la reforma laboral hasta los límites que desea el ala más radical de la CEOE; quizá porque algunas condiciones de esa reforma le costarían votos o quizá porque sea preferible estratégicamente llegar a un acuerdo global con los sindicatos para guardar el flanco de la conflictividad laboral.

En todo caso, una reforma tan importante como la de la negociación colectiva, que viene de lejos (casi cinco meses de negociaciones) y debería implicar una mejora en las relaciones negociadoras en las empresas, no puede quedar al albur del análisis político parcial que haga una parte de la organización empresarial. Si fuera cierta la queja empresarial de que en el PSOE "ya no hay nadie autorizado", también es cierto que la CEOE no ha conseguido unificar sus criterios de negociación y es presa del desorden. En el peor de los casos, si fracasa la negociación, existe la salvaguarda de que el Gobierno producirá por decreto una reforma de la negociación colectiva, con fecha límite el 10 de junio. Eso es lo que debe hacer, con independencia de las interpretaciones sobre el calendario político que abrigue la patronal.