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Pisos ilegales y fantasmas en la playa de Fisterra

Los bloques declarados irregulares por el Tribunal Superior están vacíos, igual que muchos del entorno que se construyeron durante la burbuja inmobiliaria

El sol de primavera y el paisaje que ilumina explican bastante gráficamente el atractivo de un apartamento en primera línea de playa en Fisterra. Eso pensaron algunas promotoras a mediados de la década pasada para comenzar a sembrar A Langosteira de edificios destinados a veraneantes foráneos. También lo hizo el Ayuntamiento, que dio licencias a diestro y siniestro antes incluso de que el suelo donde se alzaban los inmuebles fuese edificable. Años después, con la burbuja inmobiliaria hecha añicos, lo que queda son pisos que permanecen vacíos todo el año; algunos con sentencias firmes que los declaran ilegales.

A pie de playa conviven edificaciones con todos los papeles en regla con otras que tienen una orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Manuel Ortiz es uno de los dos vecinos que reside en un bloque legal. Todos los apartamentos de ese inmueble están vendidos, según dice, pero casi nadie los habita. "Uno de Alicante compró 14", asegura en el aparcamiento desierto de una urbanización en la que podrían vivir más de un centenar de personas si estuviera llena.

La especulación llenó la recta da Anchoa de pisos, pero no de gente

Un promotor dice confiar en que los bloques serán regularizados

La especulación inmobiliaria llenó la recta da Anchoa de pisos, pero no de gente. "En este de enfrente", señala Ortiz uno de los pisos recientemente ilegalizados por el TSXG, "vienen de vez en cuando tres propietarios, uno de Madrid, uno de Santiago y el otro no estoy seguro". El resto, casi 80 viviendas a pie de playa permanece vacío, sea invierno o verano.

Son edificios relativamente discretos, de tres alturas como máximo, nada que ver con otras aberraciones urbanísticas que proliferan por el sur de la Península. El problema de las viviendas es que se construyeron sobre suelos urbanos no consolidados que carecían de servicios básicos. Seis sentencias del TSXG contra las que no caben recursos ratifican fallos anteriores contra 168 viviendas de cuatro promotoras distintas. El argumento jurídico común es que el Ayuntamiento de Fisterra, gobernado por José Manuel Traba, del PP, debió considerar las fincas en las que después se edificó como suelo urbano no consolidado, por lo que no se deberían haber levantado inmuebles.

Luis Lema, propietario de Ele-Tres, una de las promotoras con sentencias en contra, asegura que en cuanto se pongan las infraestructuras, los pisos volverán a ser legales y que por eso él no tendría reparos en venderlos si pudiera. "Pero con la campaña que están haciendo en contra es difícil, aunque haya una sentencia del Superior que diga que mis pisos son legales", asegura.

Los jueces firmantes de las seis sentencias repiten en sus escritos que aunque el Ayuntamiento proyectó después de las obras una depuradora de aguas residuales, esto no les da legalidad a los pisos. Según reza en los fallos, esa circunstancia "es irrelevante a efectos de enjuiciar la conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006, y por lo tanto con posterioridad a la concesión de la licencia".

Correspondería a la Xunta pedir la ejecución de la sentencia que abocaría al derribo de las construcciones. Pero según anunció poco después de conocerse el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, su Ejecutivo no tiene intención de hacerlo e interpreta que sería suficiente con dotar de servicios a las urbanizaciones para legalizarlas, tal y como ha hecho el Gobierno autónomo con un caso similar en Barreiros.

La tesis del promotor de Ele-Tres estaría justificada con esta explicación. Sin embargo, más allá de la seguridad jurídica que puedan tener los compradores de las viviendas, el problema de las inmobiliarias de la zona va más allá. Un trabajador de una de ellas -que tuvo que dejar el empleo por falta de actividad- explica que para saber hasta qué punto les afectan las sentencias, tendría que pasar la crisis. "El problema ahora es que no hay compradores. Pero ni en Fisterra ni en Cee ni en Mazaricos, donde también teníamos pisos por los que nadie se interesa desde hace más de un año", relata.

Quienes ya tienen en propiedad viviendas con sentencia en contra están "preocupados", según señala la administradora de uno de los bloques antes de decidir que prefiere no conceder entrevistas. Algunos de los compradores son "gente mayor que decidió invertir ahí sus ahorros para tener una residencia donde pasar su jubilación", explica Felipe Estévez, gerente del hotel Playa Langosteira, un negocio que está justo enfrente de algunas de las viviendas ilegalizadas. Cuenta que algunos de los clientes que habitualmente pasaban los veranos en su establecimiento decidieron adquirir un apartamento y gastar alrededor de 120.000 euros, que eran los precios que se solían manejar por la zona.

La venta de estos pisos, sobre todo como segunda vivienda a residentes fuera de Galicia, encareció el suelo de todo el municipio y muchos de los jóvenes que querían emanciparse vieron cómo las cosas se les ponían más difíciles en una zona donde no tenían este problema.

Ramón Inso, un hombre que lleva años viviendo junto a la playa en una casita legal, explica cómo los bloques "surgieron de un momento a otro", pero que nunca llegaron acompañados de residentes que los ocupasen. "Apenas viene gente", relata junto a un edificio a medio hacer en primera línea de playa que puede quedarse años como una estructura fantasma en mitad de un paisaje idílico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de mayo de 2011