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Análisis:ANÁLISIS | Elecciones municipales y autonómicas
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Las autonómicas menos autonómicas

Miquel Alberola

Las elecciones que se celebran hoy, y que abren la puerta de la octava legislatura, suponen un antes y un después en la reciente tradición autonómica valenciana. Son, sin duda, las menos autonómicas de todas las autonómicas celebradas hasta ahora en la Comunidad Valenciana. Algunas circunstancias económicas y políticas sobrevenidas lo han propiciado, pero esa transmutación, por unos intereses muy particulares, era también el escenario más propicio para el PP valenciano, que ya empujaba desde hacía tiempo en esa dirección.

Todas las crisis económicas desgastan al partido responsable del Gobierno central. Y la que estamos sufriendo, por ser una crisis económica extraordinaria, lo erosiona extraordinariamente, aunque no sea el Ejecutivo el que la haya originado y esté aplicando medidas para tratar de combatirla. No se trata de unas elecciones generales, pero las autonómicas constituyen la primera cita electoral para canalizar el malestar derivado del impacto de una sombría situación económica sin precedentes. Es una fuerza gravitatoria que se ha apoderado de los comicios.

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Esta coyuntura, que difumina el genuino objeto de las elecciones (revalidar la gestión del PP en la Generalitat o rechazarla apoyando una alternativa en las Cortes Valencianas) tiene un claro beneficiario: el principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados. En base a ese escenario, el PP ha planteado las autonómicas y municipales que se celebran hoy en España como unas generales anticipadas para sacar el máximo provecho electoral de la debilidad del Gobierno central, subsumiendo o, en el peor de los casos, renunciando a la defensa de las prioridades específicas de municipios y gobiernos regionales. Contra esa poderosa inercia, los otros partidos, el PSPV, Esquerra Unida y la coalición Compromís, apenas han podido hacer nada que no fuera nadar contra la corriente.

Para el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por el PP, Francisco Camps, este planteamiento, que ha postergado el debate autonómico, ofrecía una doble ventaja. Por una parte, focalizar el discurso más allá del territorio que administra le ha permitido solapar su delicada situación judicial y la de su partido (está acusado de cohecho pasivo impropio por recibir regalos de la trama Gürtel y la cúpula del PP valenciano se enfrenta a la acusación de financiación ilegal) en el momento en que podía ser sancionada en las urnas.

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Y por la otra, eludir la responsabilidad de posibles desaciertos en su gestión al frente de la institución (también el desgaste social: malestar de proveedores impagados, dependientes no atendidos,...), así como sustraerse a la paradoja de tener que proponer medidas concretas para combatir la crisis (casi 600.000 parados y una tasa de paro del 24,1%, superior a la media española) que ya podría haber aplicado, al menos, en la mitad de la última de las dos legislaturas en las que está gobernando.

Sobre ese esquema, la campaña del PP ha sido desahogadamente elusiva con la naturaleza de la principal institución de gobierno de los valencianos. Y para la amplificación de ese camuflaje ha sido indispensable, además, un resorte vistosamente autonómico: Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Para empezar, la publicidad electoral que remitió el partido al inicio de campaña a los integrantes del censo valenciano no podía ser más explícita. El anverso estaba ocupado por una carta de Rajoy, con una fotografía de plano americano, en la que instaba a un "cambio político urgente y necesario" porque "España necesita políticas creíbles, responsables y eficaces que reactiven nuestra economía". En el reverso, Camps apenas ocupaba un tercio de la cuartilla junto al candidato a la alcaldía.

También los mensajes del presidente de la Generalitat durante la precampaña y la campaña han sido inequívocos. Y se han sustentado sobre el mismo pedestal: José Luis Rodríguez Zapatero como problema y Mariano Rajoy como solución.

En el debate de inaplicable formato de RTVV, Camps fue directo al grano: "La victoria de Rajoy devolverá el liderazgo a la Generalitat". Tampoco en el mitin celebrado en Gandia se anduvo por las ramas: "Es fundamental que Zapatero convoque elecciones generales para que el PP vuelva a multiplicar por dos los puestos de trabajo". O en una reunión con militantes de las Nuevas Generaciones del PP, donde aseguró que "gracias al voto joven, Zapatero se irá a casa y Rajoy liderará un gobierno que le devolverá a España el crecimiento económico". O en el cenit de la campaña, el acto central del partido en Valencia, donde ante Rajoy calificó las elecciones autonómicas como "las más importantes de la historia de la democracia" porque "España, cuando tenga un gobierno del PP, se pondrá en marcha". Esa misma dinámica ha llevado al PP a reunir a los principales empresarios en Castellón para presentarles el programa de las elecciones generales (la legislatura termina en marzo de 2012).

Pero si el PP ha ocultado la Comunidad Valenciana en el ámbito de las propuestas y las responsabilidades, en cambio, la ha enarbolado con reincidencia en su argumentario como víctima del Gobierno central. El Consell ya tenía ese terreno muy abonado: la derogación del trasvase del Ebro, las sanciones a los chiringuitos que excedían las dimensiones legales de sus terrazas, la autorización de prospecciones petrolíferas ante la costa, un sistema de financiación desacorde con la población...

La afirmación de la Comunidad Valenciana, desde que Zapatero llegó a la Moncloa, se ha producido más en la confrontación con el Gobierno central que en la puesta en valor y estímulo de sus capacidades y posibilidades. El abuso de ese discurso ha ido forjando la imagen de una Generalitat reducida a un organismo subalterno y menesteroso (incapaz de alcanzar sus prestaciones sin un Gobierno central del mismo color político) en el que el Consell no tuviera más responsabilidad que pedir y quejarse. O forzar extremos funambulismos: ponerse de perfil cuando los datos del desempleo son negativos y culpar al Gobierno central (Gerardo Camps) y sacar pecho cuando los datos son positivos, como con los del pasado abril hizo el presidente del Consell.

El repertorio ha sido fiel a su redundancia: "[Zapatero] nos lo ha quitado todo y no ha podido con nosotros", como resumió Camps en un mitin en Castellón en el que también participaron Alberto y Carlos Fabra. O, como exclamó el pasado martes en la plaza de toros de Valencia, agitando la matraca: "¡Miradnos, hemos estado estos años contra un Gobierno maligno y nos hemos mantenido en pie!". O bien: "Hemos resistido, aguantado los embates de un Gobierno que no ha estado a la altura de la Comunidad Valenciana. Hemos esperado siete años a este gran momento, y solo falta marcar el número de Moncloa y que al otro lado responda un español de verdad, que sepa que apostar por esta tierra es apostar por una gran nación".

El broche a este desaire a la autonomía lo puso el programa sobre el final de la campaña electoral de Canal 9, en el que el espacio dedicado al PP, tras las intervenciones de Camps y Rita Barberá, fue culminado por Rajoy. Nunca el palacio de los Borja (sede de las Cortes Valencianas) estuvo tan cerca de la Carrera de San Jerónimo y tan lejos de la calle Navellos.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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