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El Papa urge a los obispos a elaborar planes contra la "plaga" de abusos

Vuelta de tuerca del Vaticano para reparar su imagen tras los escándalos sexuales

El Vaticano publicó ayer una circular, enviada el pasado día 3 a todas las conferencias episcopales del mundo, en la que exhorta a los obispos y superiores de los institutos religiosos a coordinarse mejor para "ayudar y proteger a las víctimas y cooperar con las autoridades civiles" en los casos de abusos sexuales cometidos por "clérigos, personal religioso y laicos" que trabajen en las estructuras católicas.

El documento, firmado por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF, el antiguo Santo Oficio), William Levada, y por el secretario, Luis F. Ladaria, establece las prioridades, derechos y garantías tanto de las víctimas de la "plaga" de la pederastia clerical, según lo calificó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, como de los clérigos sospechosos o acusados de esos delitos.

La instrucción pide que se vigile a los seminaristas y se les forme en la castidad

El Vaticano pide a las órdenes y conferencias episcopales nacionales que elaboren, "antes de mayo de 2012", unas "guías claras" para el tratamiento de los casos de pedofilia eclesial. Las indicaciones de una fecha precisa y de un término relativamente breve para redactar esas guías es "una señal muy fuerte y elocuente", afirmó el jefe de la sala de prensa vaticana.

Los protocolos deberán tener en cuenta las leyes canónicas actualizadas en 2010 y las legislaciones civiles, que castigan los actos de violencia sexual contra "los menores de 18 años", y serán sometidos al examen de la CDF. Si además contienen "normas vinculantes", deberán ser enviados a "los dicasterios competentes de la curia romana", dice la circular.

Las Líneas Guía, afirma la carta de la CDF, "deberán indicar que la responsabilidad para tratar los casos de delitos de abuso sexual de menores por parte de clérigos corresponde en primer lugar al obispo diocesano y a los superiores mayores". Y tendrán que ceñirse al siguiente procedimiento oficial: "Si la acusación es verosímil, el obispo, el superior mayor o un delegado suyo deben iniciar una investigación previa". En ese supuesto, "el caso debe ser enviado a la CDF. Una vez estudiado, la CDF indicará al obispo o al superior mayor los ulteriores pasos a cumplir".

Siguiendo la línea marcada por el Papa Benedicto XVI, la circular recuerda que los abusos "no son solo un delito canónico, sino un crimen perseguido por las autoridades civiles", y afirma que, "aunque las relaciones con las autoridades civiles sean diferentes en cada país, es importante cooperar con estas en el ámbito de las respectivas competencias". Los obispos deberán, eso sí, "cumplir los preceptos de las leyes civiles en cuanto a la denuncia de los crímenes sin perjudicar el foro interno sacramental", es decir, guardando el secreto de confesión.

Citando también el ejemplo dado por Joseph Ratzinger al reunirse con las víctimas durante sus viajes, los obispos deben dar "prioridad" a la atención a los menores abusados, además de "ayuda y asistencia espiritual y psicológica a las víctimas y a sus familias". Con carácter general, los prelados deberán "tratar con respeto al denunciante y garantizar la intimidad y el buen nombre de las personas implicadas".

La carta recuerda que las penas canónicas contra los que violen el sexto mandamiento van desde "restringir el ejercicio público del ministerio de modo completo, o al menos excluyendo el contacto con menores" hasta "una pena eclesiástica, siendo la más grave la dimisión del estado clerical".

Todo investigado tiene derecho a recibir "información sobre las acusaciones y la posibilidad de contestarlas", y "goza de la presunción de inocencia hasta prueba en contrario", dice la circular, aunque "el obispo puede limitar de forma cautelar el ejercicio del ministro, en espera de que las acusaciones sean aclaradas".

El cardenal Levada conmina a impedir "el regreso del clérigo al ministerio público en caso de peligro para los menores o de escándalo en la comunidad", y recuerda que cuando eso no suceda, el obispo "deberá hacer todo lo posible para rehabilitar la buena fama del clérigo que haya sido acusado injustamente".

Lombardi dejó traslucir que esta nueva vuelta de tuerca responde al daño causado por los escándalos sexuales a la imagen de la iglesia y del sistema educativo católico. "La carta renovará la plena credibilidad del testimonio y de la misión educativa de la iglesia, contribuyendo a crear en la sociedad ambientes educativos seguros", señaló.

Para ello, es necesario prevenir los abusos y formar mejor a los futuros curas y religiosos: los obispados deberán intercambiarse "información sobre los candidatos al sacerdocio cuando estos sean transferidos" y formar "de manera permanente" a los seminaristas en "la castidad, el celibato y la responsabilidad de la paternidad espiritual".

El prelado debe comportarse "como hermano y padre", añade la circular. Y, en todo caso, ofrecer a los sacerdotes investigados "un mantenimiento justo y digno". "Pro bono Ecclesiae" [por el bien de la iglesia] , se podrá conceder la dispensa a los curas acusados y permitirles abandonar el celibato.

La carta resume además la legislación canónica vigente, puesta al día en mayo de 2010 cuando el Vaticano revisó el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Entonces, el ex Santo Oficio endureció las penas contra los clérigos pederastas y aumentó el plazo de prescripción de los delitos de 10 a 20 años.

La guía vaticana

- "La Iglesia, en la persona del obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar a las víctimas y a sus familiares".

- Promover "programas educativos de prevención para propiciar ambientes seguros para los menores".

- "Los presbíteros deben ser advertidos del daño causado por un sacerdote a una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores".

- "El sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia. No obstante, el 0bispo puede limitar de modo cautelar el ejercicio de su ministerio".

- "Siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Esta colaboración se refiere también a los casos en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de mayo de 2011

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